Hablar de transformaciones profundas en la política mexicana implica reconocer que, más allá del discurso, su concreción suele ser un proceso lento, conflictivo y lleno de contradicciones. La historia del país está marcada por etapas turbulentas como la Revolución y el periodo posrevolucionario, donde las disputas por el poder eran abiertas, cruentas e incluso mortales. Hoy en día, las pugnas ya no se libran con armas, sino en el campo de la opinión pública y los medios de comunicación. Sin embargo, la esencia del conflicto —la lucha por el poder y el encubrimiento de intereses— sigue intacta.
En este nuevo escenario, cuando emergen indicios de irregularidades, hay dos posibles rutas: en los países donde impera el Estado de derecho, se investigan y se sancionan; en otros, prevalece el descrédito sin consecuencias. En México, lamentablemente, se ha vuelto costumbre que mientras se conserve una posición de poder, las sanciones sean una excepción. Esta lógica de impunidad fue precisamente una de las que Andrés Manuel López Obrador prometió erradicar con su llegada al poder.
No obstante, no pasó mucho tiempo para que quedara claro que esa promesa era más eficaz en el discurso que en los hechos. Ante las primeras denuncias, López Obrador optó por descalificarlas como “politiquería” o “ataques de los conservadores”.
Un caso que pone en entredicho esa promesa de transformación es el del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, acusado por la FGR y la fiscalía de Tabasco de tener vínculos con el crimen organizado y de ser líder de un grupo delictivo conocido como La Barredora.
Los señalamientos han recaído directamente sobre el senador Adán Augusto López, quien nombró a Bermúdez como titular de Seguridad durante su gestión como gobernador de Tabasco. Inicialmente, el senador guardó silencio. Sin embargo, ante la presión —incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sugirió públicamente que debía ofrecer una explicación—, Adán Augusto emitió un escueto mensaje en redes sociales en el que aseguró estar “a disposición de cualquier autoridad” y defendió su administración señalando que, durante su mandato, se redujo la incidencia delictiva. En una entrevista radiofónica, agregó: “Si hubiese yo sospechado de él, lo hubiésemos separado del cargo”.
El asunto, sin embargo, ha tomado tintes de enfrentamiento político entre facciones locales. José Ramiro López Obrador, actual secretario de Gobierno en Tabasco y hermano del expresidente, afirmó: “Ahí está saliendo toda la pudrición”. Esta declaración sugiere que la disputa no solo gira en torno a la seguridad, sino también a la lucha interna por el control político del estado.
Desde la oposición, el caso ha sido comparado con el de Genaro García Luna, aunque la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, ha intentado establecer una distinción. En sus palabras: “Lo importante es que no haya impunidad. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros no encubrimos”. Sin embargo, también advirtió que cualquier acusación debe estar respaldada por pruebas, y que no se prestarán a linchamientos políticos.
A pesar de las declaraciones, el hecho es que hasta ahora el senador Adán Augusto López no ha sido citado a declarar, ni el Congreso ha iniciado un proceso para retirarle el fuero.
Los cuestionamientos en torno al caso siguen creciendo, ya que podría tratarse de un conflicto abierto entre el actual gobernador Javier May y el senador Adán Augusto López Hernández, donde la denuncia contra Bermúdez podría tener una motivación política. Sin embargo, también existe la posibilidad de un encubrimiento deliberado, lo que evidenciaría que, a pesar de las pruebas y del discurso oficial contra la impunidad, la justicia no se atreve a actuar contra uno de los personajes más cercanos a López Obrador.
Ambos escenarios son preocupantes. En el primero, porque reflejan cómo la lucha por el poder utiliza la justicia como arma política. En el segundo, porque muestran que la impunidad sigue siendo un privilegio de quienes detentan el poder. Lo más alarmante, sin embargo, es constatar que el país no ha logrado consolidar instituciones verdaderamente autónomas capaces de investigar sin sesgos ni presiones partidistas. En un contexto ideal, todos los involucrados deberían ser llamados a declarar, y el proceso debería seguir su curso sin importar nombres ni afiliaciones.
El caso Tabasco es una muestra contundente de que la transformación prometida aún no ha alcanzado las estructuras reales del poder. Lo que podría haber sido una oportunidad para demostrar que la justicia se aplica por igual, se ha transformado en un juego de intereses donde el fuero y el poder político terminan por dictar el rumbo de las decisiones judiciales.
Así, tanto Adán Augusto López como Javier May seguirán su camino político sin mayores sobresaltos, sabiendo que el peso de la ley no los alcanzará. La verdadera disputa se librará no en los tribunales, sino en las urnas, donde nuevamente se definirá quién controla el poder… y quién define la justicia.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC
