Esta actividad funge como uno de los factores que coadyuvan en
el detrimento acelerado de los ecosistemas pesqueros y
acuícolas:
nota de la redacción. Imagen internet.
La diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (PRI) propone reformar y
adicionar diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con la finalidad de
prevenir, combatir y sancionar las prácticas de pesca ilegal.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Pesca para análisis y
dictamen, plantea adicionar una fracción II Ter del artículo 420 del
Código Penal Federal, para imponer una pena de uno a nueve años de
prisión y el equivalente de 300 a tres mil días multa a quien “de manera
dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con
las especies acuáticas determinadas para la pesca deportiva, sin contar
con la autorización que corresponda, o que exceda la cantidad máxima
de captura incidental determinada por la Conapesca”.
Respecto a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, las
propuestas de modificaciones son a los artículos 2, 4 y 135 y adiciona un
Capítulo I Bis denominado “Prevención, combate y sanción de la pesca
ilegal”, que contiene los artículos 72 Bis, 72 Bis 1, 72 Bis 2, 72 Bis 3, 72
Bis 4 y 72 Bis 5.
Incorpora el concepto de pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada, como aquella práctica pesquera que socava los esfuerzos
nacionales y regionales de conservación y ordenación de las poblaciones de peces y, como consecuencia, limita el avance hacia el cumplimiento
de los objetivos de sostenibilidad a largo plazo y de responsabilidad.
Establece que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(Sader), a través de la Conapesca, diseñará el proyecto de Programa
Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate
a la Pesca Ilegal que definirá la política del Estado mexicano frente a
este fenómeno, el cual deberá contemplar, entre otros elementos, un
diagnóstico, estrategias y esquemas de coordinación de instituciones, un
censo pesquero, y programas de capacitación y actualización.
Igualmente, apunta, la Secretaría y las entidades federativas
promoverán actividades de investigación, campañas de información y
difusión con miras a prevenir y combatir la pesca ilegal, implementar
políticas, programas y demás medidas que fomenten la inclusión de
pescadores en vigilancia y otros sectores para prevenir estas acciones
ilegales.
También, realizar acciones de supervisión de negocios,
inspecciones u otros esquemas de verificación desde su captura, hasta su
procesamiento y comercialización en puntos de venta, fomentar el
desarrollo de alianzas estratégicas con el sector terciario para prevenir
el abasto de productos pesqueros de procedencia ilegal, y llevar a cabo
programas de desarrollo local pesquero que deberán incluir acciones de
asistencia y campañas sobre las consecuencias de la pesca ilegal.
Estipula que la Secretaría fomentará el uso de tecnología para la
vigilancia de las embarcaciones que operen en las aguas nacionales
mediante el Sistema de Localización y Monitoreo Satelital de
Embarcaciones Pesqueras.
Señala que, para la imposición de las sanciones, la Secretaría
tomará en cuenta si se trata de una práctica de pesca ilegal que ponga
en riesgo la estabilidad de los ecosistemas y la sostenibilidad de los
recursos pesqueros.
La diputada indica, en la exposición de motivos, que la
sobreexplotación de los recursos naturales se ha convertido en una
práctica común que repercute en la sustentabilidad y sostenibilidad de
los ecosistemas naturales nacionales.
Subraya que la pesca ilegal y no reglamentada funge como uno de
los factores que coadyuvan en el detrimento acelerado de los ecosistemas pesqueros y acuícolas; sin embargo, la pesca furtiva se ha posicionado como una práctica común dentro del país y que resulta
difícil para las autoridades monitorear.
A su vez, sostiene, las consecuencias a mediano y largo plazo que
genera este agotamiento obligarán al Estado mexicano a responder a
retos importantes en cuanto a la seguridad alimentaria e incluso
económica y comercial de México. La industria pesquera es un área
importante de generación de empleos e ingresos económicos para un
gran número de familias mexicanas.
La diputada Díaz Tejeda resalta que es imperativo reforzar las
acciones tendientes a prevenir y eliminar las prácticas de pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada dentro del territorio nacional,
salvaguardando a las y los pescadores que realizan su trabajo conforme
a la ley, cuya sostenibilidad económica debe ser procurada y, además,
apuntalando a la conservación de los ecosistemas pesqueros y recursos
marinos del país.
Considera que añadir la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada con fines comerciales como un delito perseguible y con
sanciones definidas, es con la finalidad de establecer una acción tajante
en aras de prevenir y eliminar la práctica de la pesca ilegal dentro del
territorio mexicano.
