Uno de los principales obstáculos para sancionar verdaderamente los actos de corrupción en México es la falta de instituciones sólidas e independientes, capaces de cumplir con su labor de manera objetiva y sin la influencia de intereses políticos. Mientras estas condiciones no existan, será difícil alcanzar la verdad y llevar ante la justicia a los responsables de hechos ilícitos que dañan profundamente la confianza ciudadana.
En las últimas semanas, dos casos de alto impacto mediático han puesto en evidencia esta problemática. El primero está relacionado con la Marina y la red de huachicol fiscal que, según se ha revelado, fue operada por altos mandos del Ejército durante el sexenio anterior y cuyo supuesto desmantelamiento se hizo público recientemente. Durante la ceremonia del 215 aniversario de la lucha de Independencia de México, el secretario de Marina declaró: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante: en la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la Transformación”.
Sin embargo, este discurso, que busca transmitir un mensaje de cierre y contundencia, parece adelantado y triunfalista. Las investigaciones continúan abiertas y todavía no se han esclarecido plenamente las responsabilidades de todos los implicados. Mientras no exista certeza sobre la magnitud de la red ni sobre los altos mandos que pudieron estar involucrados, resulta prematuro hablar de “misión cumplida”.
El segundo caso, igualmente delicado, es el de Hernán Bermúdez Requena, detenido recientemente en Paraguay y señalado como líder de una organización criminal. Ante las especulaciones generadas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el expresidente López Obrador había ordenado su destitución en 2023, al enterarse de sus actividades ilícitas. No obstante, estas declaraciones contrastan con lo revelado en los Guacamaya Leaks, donde documentos de inteligencia castrense ya vinculaban a Bermúdez Requena con actividades criminales desde 2019.
Además, este posicionamiento rompe con el propio discurso de la presidenta, quien de manera reiterada ha insistido en que no se debe adelantar juicio, que las investigaciones deben realizarse con rigor y que no se debe caer en especulaciones. Al pronunciarse de esa manera, más que disipar dudas, terminó alimentando nuevas sospechas y contradicciones.
En este contexto, lo que está en juego no es únicamente la resolución de dos casos, sino la credibilidad de la lucha contra la impunidad. Aunque la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad han asumido hasta ahora el protagonismo de las investigaciones, la creciente desconfianza ciudadana sugiere la necesidad de mecanismos adicionales e independientes.
El Congreso, por ejemplo, podría ordenar la creación de una comisión especial, o bien, instancias como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno podrían intervenir para ampliar las indagatorias. De lo contrario, la multiplicidad de narrativas oficiales y filtraciones mediáticas seguirá alimentando las especulaciones en lugar de esclarecer los hechos.
En definitiva, si el gobierno quiere sostener un discurso creíble de combate a la corrupción y la impunidad, debe ir más allá de señalar a unos cuantos responsables y garantizar investigaciones que lleguen hasta sus últimas consecuencias. De lo contrario, la percepción será la de un esfuerzo limitado, orientado a proteger figuras de alto perfil en lugar de revelar toda la verdad.
Tal vez este sea el momento oportuno para pensar en nuevas formas de institucionalidad, libres de presiones políticas y con plena autonomía, capaces de investigar con rigor y transparencia. En varios países de primer mundo, los procesos anticorrupción son llevados a cabo por organismos independientes precisamente para evitar la captura política de la justicia. Solo con un modelo semejante México podrá aspirar a que su lucha contra la impunidad deje de ser un eslogan y se convierta en una realidad tangible para la ciudadanía.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC
