- La Comisión de Asuntos Migratorios sostiene intercambio de datos con organizaciones y activistas en busca de mejorar los marcos regulatorios
La Comisión de Asuntos Migratorios, que preside la diputada Marcela Guerra Castillo (PRI), llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro la “Reunión de Reflexión sobre el Contexto Migratorio y de Asilo en la Frontera Sur de Chiapas”, el cual tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas y de análisis legislativo sobre este fenómeno.
La diputada Guerra Castillo mencionó que este espacio servirá para analizar, dialogar y reflexionar sobre lo que ocurre y cómo responder de la mejor manera desde la labor legislativa, con respeto y observancia de los derechos humanos. “Las cifras más recientes muestran un panorama que exige atención coordinada e inmediata”.
Este problema tiene nuevos matices de racismo por color de piel, origen y xenofobia, lo que requiere de mucho trabajo tanto en lo legislativo como en lo social, dijo.
Afirmó que buscan incidir en el seguimiento y apoyo a la propuesta de reforma para eliminar la figura de detención migratoria para niñas, niños y adolescentes, y análisis jurídico de las detenciones arbitrarias en estaciones migratorias, atendiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Añadió que la alianza con el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria permitirá construir leyes que le sirvan a la gente, de profundidad y que ayuden al cambio social.
En tanto, la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza (PAN) consideró que este tema es uno de los mayores retos sociales y humanitarios, así como de gobernabilidad, ya que México dejó de ser solo un país de origen, tránsito y retorno pues ahora también es destino para millas de personas provenientes de Centro y Sudamérica, el Caribe, África e incluso Asia, quienes huyen de la pobreza, el cambio climático, la falta de oportunidades o la violencia, generando una presión constante.
A su vez, la diputada Rosa Irene Urbina Castañeda (Morena) pidió invitar a autoridades del rubro ya las organizaciones que trabajan por el derecho de las personas en contexto de movilidad, para escuchar los datos de parte de quienes están donde ocurren las cosas y conocen la realidad. Además, solicitó destinar mayor presupuesto en la materia.
En su intervención, la secretaría Técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, Melissa Vértiz Hernández, explicó que las propuestas que se presentan hoy serán utilizadas para conocer qué reformas son las que se necesitan a nivel federal, pero tocando distintos marcos legales, no solo en materia de migración y derechos humanos.
El representante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC, Joselin Zamora Varga, expresó que la zona del Soconusco, Chiapas, es el corredor por el que llega la mayoría de los migrantes, y que su asociación civil ofrece acompañamiento psicojurídico a las personas para tener acceso a refugio, así como regulación migratoria.
Hizo notar que las principales barreras para que los migrantes puedan acceder a sus derechos, son el crimen organizado, la retención, la deportación y la revisión migratoria; es decir, Tapachula es una frontera hostil. Planteó la necesidad de que las políticas públicas se ejecuten “con la precisión posible para que los migrantes no padezcan tantos problemas en su vida diaria”.
Nubia Selene Vásquez Hernández, coordinadora del área de integración Socio-Comunitaria del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC, presentó los resultados de una encuesta a migrantes, en la que destaca que el no tener una estancia regulada les dificulta cubrir sus necesidades básicas como de una vivienda digna, trabajo y educación.
Precisó que Los principales oficios en los que laboran los migrantes son limpieza de espacios públicos, meseros, peluquería, albañil y vendedores. La dificultad para encontrar trabajo se debe a la falta de documentos regulados; “en estos casos, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados puede otorgarles una constancia de trámite de proceso de reconocimiento de refugiado y, con ello, obtener la Tarjeta de Visitantes Humanitarias que los identifica como regulados”.
Respecto a la vivienda, los encuestados coincidieron que habitan en condiciones de hacinamiento en las que cuentan únicamente con agua y luz. En el tema educativo expresaron que no tienen acceso, ya que no cuentan con documentos, subrayó.
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