La desaparición de los organismos autónomos de transparencia constituye una de las transformaciones institucionales más profundas en México. Para el oficialismo, estos organismos representaban un modelo costoso e ineficaz; para sus defensores, eran un contrapeso indispensable para garantizar el derecho de acceso a la información pública y la rendición de cuentas.
Desde el inicio de su gobierno, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) era un organismo excesivamente caro, que no contribuía al combate a la corrupción e, incluso, que servía como una «tapadera» para los corruptos.
Esa postura se tradujo en decisiones concretas: el Ejecutivo vetó el nombramiento de comisionados, lo que impidió que el instituto pudiera sesionar durante varios meses. Finalmente, con la mayoría calificada obtenida por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, el gobierno logró concretar uno de sus principales objetivos: desaparecer los organismos constitucionalmente autónomos encargados de garantizar la transparencia y el acceso a la información.
El nuevo modelo modifica de manera sustancial la arquitectura institucional del país. En lugar de organismos autónomos, ahora existen órganos administrativos desconcentrados. En el ámbito federal, las funciones que desempeñaba el INAI fueron transferidas al organismo denominado Transparencia para el Pueblo, adscrito a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. En las entidades federativas ocurre algo similar: los nuevos órganos garantes dependerán administrativa y presupuestalmente de alguna secretaría estatal.
La diferencia no es menor. La autonomía constitucional no era únicamente una característica administrativa, sino una garantía para que las decisiones en materia de acceso a la información se tomaran sin presiones políticas. Al depender jerárquicamente del Poder Ejecutivo, los nuevos organismos pierden independencia presupuestaria y administrativa, lo que inevitablemente genera dudas sobre su capacidad para resolver con imparcialidad los recursos de revisión cuando la información solicitada comprometa al propio gobierno.
A ello se suma otro elemento preocupante: la nueva legislación amplía los supuestos bajo los cuales la información puede clasificarse como reservada. Conceptos como el interés del Estado, la seguridad nacional o la preservación de la paz social pueden convertirse en categorías suficientemente amplias para justificar restricciones al acceso a la información si no existe una interpretación estricta y controles institucionales efectivos. Paralelamente, el nuevo esquema fragmenta las autoridades garantes, ya que distintos sujetos obligados tendrán instancias diferentes para resolver los recursos de revisión, lo que podría generar criterios contradictorios y mayores dificultades para los ciudadanos que buscan ejercer este derecho.
En este contexto, Jalisco ofrece un modelo que merece una valoración particular. A diferencia del ámbito federal, donde el titular del nuevo organismo es designado directamente por el Poder Ejecutivo, la legislación jalisciense establece un órgano colegiado integrado por tres personas. Sus integrantes serán propuestos por el gobernador y deberán ser ratificados por el Congreso del Estado.
Este diseño representa un avance respecto al modelo federal, pues un órgano colegiado reduce el riesgo de concentrar todas las decisiones en una sola persona y favorece, al menos en teoría, la deliberación y el equilibrio interno. Además, la participación del Congreso en el proceso de designación introduce un mecanismo adicional de control político e institucional.
Sin embargo, ello no elimina las preocupaciones de fondo. El organismo continuará dependiendo administrativa y presupuestalmente del Poder Ejecutivo, por lo que su margen de autonomía seguirá siendo limitado.
A ello debe añadirse que el compromiso con la transparencia no ha sido uniforme entre las distintas fuerzas políticas. En consecuencia, nada garantiza que estos nuevos organismos estatales actúen con plena independencia frente a los gobiernos en turno. La preocupación radica en que, con el paso del tiempo, puedan convertirse en instituciones subordinadas a los intereses del poder político.
Por supuesto, cualquier nuevo diseño institucional merece una evaluación basada en sus resultados y no únicamente en sus intenciones. El nuevo modelo de transparencia deberá demostrar, en la práctica, que es capaz de garantizar el acceso efectivo a la información pública, resolver con independencia los recursos de revisión y proteger un derecho fundamental para la democracia.
No obstante, las señales iniciales generan más dudas que certezas. Cuando se reduce la autonomía de las instituciones, se amplían las excepciones para reservar información y se concentran mayores facultades en los poderes ejecutivos, el riesgo de opacidad aumenta considerablemente. Debilitar a las instituciones encargadas de garantizar ese derecho puede traducirse en un retroceso significativo para la rendición de cuentas, beneficiando, en última instancia, a quienes tienen interés en mantener oculta información que, por su naturaleza, debería ser pública.
Iván Arrazola es analista político e integrante de Integridad ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC
