Hay decisiones que, aunque no producen efectos inmediatos, terminan definiendo el talante de un régimen en el mediano y largo plazo. Una de ellas es la forma en que se asume —o se elude— la responsabilidad política cuando ocurren hechos graves bajo la conducción del Estado. Cuando en un régimen se instala la idea de que prácticamente no existen límites y que es posible tomar decisiones sin pagar costos políticos, se erosiona uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia y del Estado de derecho: la rendición de cuentas. Más allá de la responsabilidad administrativa o penal, la responsabilidad política cumple una función simbólica y ética indispensable para preservar la confianza pública.
La historia reciente muestra que los errores del poder pueden marcar rupturas profundas. El terremoto de 1985 evidenció la incapacidad del Estado para responder ante una tragedia mayor y dejó en la sociedad la percepción de que las autoridades no hicieron lo suficiente; fue la organización ciudadana la que permitió enfrentar la emergencia y, con el tiempo, ese episodio transformó el mapa político de la Ciudad de México.
De forma similar, las explosiones del drenaje en Guadalajara en 1992, provocadas por una fuga de combustible y fallas de supervisión, derivaron en una crisis política que culminó con la renuncia del gobernador Guillermo Cosío Vidaurri. En ambos casos, más allá de las responsabilidades legales, hubo consecuencias políticas claras.
En este contexto, el reciente nombramiento de Francisco Garduño vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del poder y la responsabilidad política. Hace unos días, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció vía redes sociales que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó al ex titular del Instituto Nacional de Migración (INM) como Director General de Centros de Formación para el Trabajo, unidad administrativa adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior. En su mensaje, Delgado calificó a Garduño como un “funcionario ejemplar” y señaló que su participación será clave para la reforma de la educación media superior y la implementación del Bachillerato Nacional.
Sin embargo, el paso de Garduño por el Instituto Nacional de Migración estuvo marcado por uno de los episodios más trágicos de la política migratoria reciente. En marzo de 2023, 40 migrantes murieron en un incendio dentro de una estación migratoria en Ciudad Juárez. Aunque en abril de 2025 un Tribunal de Apelación confirmó la suspensión condicional del proceso penal en su contra y en septiembre de ese mismo año Garduño ofreció una disculpa pública por los hechos, la herida política y moral que dejó el caso sigue abierta.
Resulta difícil comprender las razones por las cuales la presidenta decidió reincorporar a Garduño a la administración pública federal. Una posible explicación apunta a compromisos heredados del sexenio anterior y a la lógica de protección interna del movimiento. Además, el salto de un cargo vinculado a la política migratoria a una responsabilidad relacionada con la formación y capacitación laboral carece de una relación funcional clara. Más que una decisión basada en méritos o experiencia, el nombramiento parece responder a una lógica de compensación política.
Calificar a Garduño como un “funcionario ejemplar” resulta, cuando menos, excesivo. Más allá de los argumentos jurídicos que lo libraron de una imputación penal, su gestión estuvo asociada a una tragedia que evidenció fallas graves del Estado. En este sentido, el problema no es únicamente legal, sino profundamente político.
El mensaje que envía este nombramiento es preocupante: pase lo que pase, hagas lo que hagas, siempre habrá un espacio dentro de la administración pública para los incondicionales del régimen. Hoy, gracias a los altos niveles de popularidad del gobierno, este tipo de decisiones no parece tener costos inmediatos. El poder se ejerce con una sensación de impunidad política que permite premiar a personajes cuestionables simplemente porque se puede.
Es cierto que Garduño salió bien librado en términos jurídicos. No obstante, existe otra dimensión que no puede ignorarse: la responsabilidad política. En otros tiempos, este tipo de episodios derivaban en una forma de sanción simbólica conocida como ostracismo político; quienes fallaban de manera grave quedaban fuera de la vida pública como una señal de que el poder tiene consecuencias.
Hoy, por el contrario, el nombramiento de Garduño refleja un aire de superioridad y soberbia institucional: el régimen no se equivoca, y aun cuando se hacen mal las cosas, se recompensa la lealtad por encima del desempeño. Importa más la cohesión del movimiento que la exigencia de responsabilidades.
Quizá estas decisiones no tengan efectos visibles en el corto plazo. Como ha señalado la propia presidenta, existe una amplia confianza ciudadana en el movimiento. Sin embargo, a la larga, este tipo de acciones desgastan. Son recordatorios constantes de que el ejercicio del poder debe tener límites y de que, incluso cuando no hay consecuencias legales, la responsabilidad política no puede ni debe desaparecer.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC
