La reciente movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ha transformado en uno de los primeros grandes dilemas del gobierno de Claudia Sheinbaum. Lo que en un principio parecía un conflicto sectorial —una inconformidad con la reforma a las pensiones del magisterio— ha escalado hasta convertirse en una disputa política más amplia, que pone a prueba la capacidad del gobierno para gestionar la protesta social sin represión, pero también sin ceder a presiones que comprometan la gobernabilidad.
Desde la teoría política, este caso puede analizarse a la luz de autores clave como Charles Tilly, Sidney Tarrow y Albert Hirschman. Según Tilly, las protestas no surgen espontáneamente: son acciones racionales y estratégicas organizadas por actores que cuentan con recursos —redes sindicales, capacidad de convocatoria, legitimidad histórica— para ejercer presión. La CNTE, con décadas de experiencia en movilización, encaja perfectamente en este esquema. No es un actor improvisado: conoce el terreno, domina los repertorios de contención (plantones, bloqueos, paros) y sabe negociar.
Por su parte, Tarrow aporta una clave adicional: los movimientos sociales emergen o se reactivan cuando existen oportunidades políticas, es decir, grietas en el sistema político que permiten ejercer influencia. El contexto actual —una presidenta recién electa, con mayoría legislativa pero en proceso de consolidación— ofrece esas condiciones. La retirada prematura de la iniciativa de reforma al sistema de pensiones, lejos de desactivar el conflicto, fue leída por la CNTE como señal de vulnerabilidad política y abrió paso a una agenda de exigencias más amplia: derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, eliminación completa de la reforma educativa de 2019, incremento salarial del 100 %, reinstalación de docentes cesados, y justicia sindical.
Este punto lleva al marco de Hirschman, quien en Exit, Voice and Loyalty definió la «voz» como el mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan descontento para provocar cambios. En el caso de la CNTE, la protesta representa una forma intensa de voz: no busca escapar del sistema (exit), ni mantiene lealtad pasiva (loyalty), sino que interpela directamente al poder, reclamando respuestas inmediatas y estructurales.
El dilema del gobierno se acentúa por varios factores. En primer lugar, la respuesta represiva está descartada: Sheinbaum ha reiterado que no se usará la fuerza pública. Sin embargo, esto limita sus herramientas de disuasión frente a un movimiento que ha radicalizado su estrategia: bloqueos en las principales avenidas de la Ciudad de México, toma de oficinas gubernamentales, y amenazas de boicot a la elección judicial.
En segundo lugar, el gobierno no puede alegar falta de condiciones legislativas para negociar reformas: cuenta con mayoría suficiente para modificar leyes o presupuestos. Esto coloca toda la presión sobre el Ejecutivo, particularmente sobre la presidenta, quien deberá decidir hasta dónde ceder sin debilitar su legitimidad o abrir la puerta a nuevas exigencias de otros sectores.
A nivel social, el conflicto ha generado malestar entre comerciantes, ciudadanos y actores institucionales, quienes comienzan a ver con incomodidad la prolongación del conflicto. Sin embargo, el movimiento insiste en una reunión directa con la presidenta, encuentro que no ha sido concedido y cuya ausencia alimenta aún más el desgaste político.
Este dilema no es solo táctico, sino simbólico. Para el gobierno entrante, la CNTE representa tanto una amenaza como un espejo. Fue históricamente aliada del movimiento que ahora gobierna, pero también ha demostrado ser capaz de chantajear políticamente a cualquier administración, incluso a aquella que alguna vez respaldó. Esta capacidad de presión plantea un precedente delicado: si el gobierno cede, se valida la lógica de la presión callejera como vía para conseguir concesiones; si no cede, arriesga romper con una base social clave y proyectar una imagen de autoritarismo o cerrazón.
La movilización de la CNTE ha dejado de ser un conflicto educativo o gremial para convertirse en un dilema político de primer orden: obliga al gobierno a elegir entre sostener su autoridad institucional o responder a una voz social que, aunque sus demandas puedan ser legitimas, también desafía los límites de la legalidad, la gobernabilidad y la paciencia ciudadana. Lo que está en juego no es solo un pliego petitorio, sino la manera en que el nuevo régimen gestionará el disenso, en un país donde la protesta social sigue siendo uno de los pocos recursos eficaces frente al poder.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC
