La extorsión se ha consolidado como uno de los delitos más extendidos y devastadores en el México actual. Su crecimiento no obedece únicamente al poder creciente de los grupos criminales, sino, en gran medida, a la progresiva retirada del Estado en amplias zonas del país o, peor aún, a su colusión con las propias redes delictivas. En ausencia de autoridad legítima, otros imponen sus propias reglas.
Comerciantes, transportistas, emprendedores y familias enteras viven bajo amenaza constante, obligados a operar en un entorno donde la violencia se vuelve rutina. Comprender las causas estructurales que han permitido su expansión —y enfrentar los enormes desafíos que plantea— resulta esencial para cualquier estrategia de seguridad que aspire a ser efectiva y sostenible.
Una de las principales razones que explican la expansión de este delito es la profunda desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades. A ello se suma la burocratización del proceso de denuncia, que desalienta a las víctimas a iniciar o dar seguimiento a una carpeta de investigación. En muchos casos, quienes enfrentan una amenaza de extorsión necesitan respuestas inmediatas por parte de la autoridad, pero se encuentran con un sistema lento e ineficiente. En ese vacío, la obediencia a los criminales parece más viable que el respaldo del Estado.
Frente a este panorama, es relevante que la nueva estrategia anunciada por el gobierno federal reconozca la urgencia del problema. Aunque la extorsión es un delito del fuero común y, por tanto, corresponde a las entidades federativas combatirlo, la Secretaría de Seguridad federal ha ofrecido apoyo directo a los estados más afectados. El secretario Omar García Harfuch presentó un conjunto de medidas que buscan frenar este fenómeno con un enfoque integral.
Entre las acciones anunciadas destacan el uso de inteligencia para identificar y detener a extorsionadores, la creación de unidades locales especializadas en combate a la extorsión, la implementación de protocolos de atención a víctimas, y la promoción del uso de la línea anónima 089 para denuncias. Asimismo, se fortalecerá la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que será responsable de congelar cuentas bancarias producto de actividades ilícitas. También se impulsará la gestión de órdenes judiciales para bloquear líneas telefónicas operadas desde centros penitenciarios, desde donde se cometen una gran parte de las extorsiones en el país.
Uno de los aciertos de esta propuesta es que coloca en el centro del debate a un delito de naturaleza sumamente compleja. La extorsión no es ejecutada únicamente por grandes cárteles: existen múltiples actores, desde bandas organizadas hasta delincuentes independientes que se hacen pasar por miembros de grupos criminales para intimidar a sus víctimas. Esta diversidad de perfiles exige estrategias diferenciadas, basadas en inteligencia, análisis territorial y respuesta oportuna.
No obstante, el mayor reto se encuentra en el ámbito local. En los últimos años, los cuerpos de seguridad estatales y municipales han sufrido un grave deterioro, tanto en capacidad operativa como en confianza ciudadana. Por ello, resulta fundamental contar con fiscalías fortalecidas, con personal capacitado, protocolos de actuación bien definidos, y recursos suficientes para actuar de forma inmediata ante una denuncia de extorsión.
De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades federales, ocho entidades concentran más del 60% de este delito en el pais los mayores índices de este delito, entre ellas la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco. Estos estados requieren acciones focalizadas y mecanismos sólidos de coordinación interinstitucional, ya que se encuentran entre los más golpeados por esta práctica criminal.
En un contexto nacional marcado por reformas estructurales y nuevas políticas de seguridad, será clave centrar los esfuerzos no solo en el anuncio de estrategias, sino en su implementación efectiva. Para ello, se vuelve indispensable que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales construyan procesos de gobernanza incluyentes, donde participen organizaciones de la sociedad civil, expertos en seguridad y víctimas. Esta colaboración puede facilitar mecanismos de evaluación ciudadana, seguimiento de resultados y rendición de cuentas.
Es necesario evitar que estas acciones pierdan credibilidad, como ha ocurrido con los reportes oficiales de reducción en homicidios dolosos, donde persiste la desconfianza sobre cómo se mide y qué se omite. La clave está en evaluar de forma objetiva las políticas públicas implementadas, y determinar si realmente están generando un impacto tangible en la disminución de la extorsión. Sin evidencia verificable y sin participación social, cualquier anuncio será percibido como una estrategia más de contención mediática, en lugar de una respuesta eficaz a un problema que sigue creciendo, sin freno y sin fondo.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC
