La impunidad ha sido, durante décadas, una de las heridas más profundas de la vida pública en México. Casos de corrupción, redes de complicidad y vínculos entre políticos y el crimen organizado han debilitado la confianza ciudadana y puesto en entredicho la capacidad del Estado para garantizar justicia. Hoy, el gobierno busca enviar un mensaje distinto: que no hay intocables y que la impunidad debe terminar. Los recientes operativos y detenciones parecen reforzar esa narrativa, aunque al mismo tiempo abren un debate inevitable: ¿hasta dónde llegará realmente esta cruzada?
El primer episodio que cimbró al país fue la revelación de una red de corrupción en la Marina, en la que estarían implicados los hermanos Farías Lagunas, sobrinos políticos del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda. Tanto la Fiscalía como la Secretaría de Seguridad se apresuraron a matizar el alcance del caso, asegurando que se trataba únicamente de “unas cuantas manzanas podridas” y no de un problema institucional.
El discurso oficial buscó deslindar al alto mando, insistiendo en que los involucrados actuaron a espaldas de sus superiores y que cuando el secretario se enteró pidió que se investigara el caso. Sin embargo, esta narrativa plantea de nuevo la pregunta sobre la profundidad de las investigaciones: ¿se castigará solo a individuos aislados o se llegará a revisar las cadenas de responsabilidad más altas?
El segundo episodio fue la detención en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, acusado de ser parte de la red criminal La Barredora, vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró públicamente el arresto, agradeciendo al gobierno paraguayo y reiterando que la política de “cero impunidad” busca disminuir la violencia. Sin embargo, el caso sigue generando cuestionamientos hacia Adán Augusto López, entonces gobernador de Tabasco y actual senador, sobre qué tanto sabía de las actividades de su subordinado.
Las dudas no son menores. Documentos filtrados en los Guacamaya Leaks ya señalaban a Bermúdez como figura clave de la organización criminal desde que fue nombrado secretario de seguridad, lo que hace difícil pensar que pasara desapercibido para las autoridades locales. Aunque López asegura no haber tenido conocimiento y se ha mostrado dispuesto a comparecer, su fuero permanece intacto y ningún liderazgo de su partido le ha exigido que solicite licencia. La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, sostuvo que “no hay nadie protegido” y que la investigación llegará “tope hasta donde tope”. Pero la falta de acciones concretas para que Adán Augusto López sea investigado, mantiene viva la percepción de que los límites políticos pesan tanto como los legales y el hecho de que la presidenta Sheinbaum haya señalado que no existen investigaciones contra Adán Augusto López aumenta las sospechas de que podría ser exonerado.
La lucha contra la impunidad en México avanza en medio de luces y sombras. Por un lado, los casos recientes muestran que existen esfuerzos por romper con la tradición de intocabilidad de ciertos funcionarios. Por otro, los silencios estratégicos y la protección implícita a figuras de poder sugieren que la justicia sigue teniendo límites.
Más allá de los discursos, la verdadera prueba será demostrar que los procesos no se detendrán en los niveles intermedios, sino que llegarán hasta donde sea necesario, sin importar rangos ni filiaciones. De lo contrario, la promesa de “cero impunidad” corre el riesgo de quedar en un ejercicio de voluntad política y no en una transformación estructural. Reflexionar sobre estos episodios obliga a cuestionar si México está construyendo, por fin, un Estado de derecho sólido, o sí sigue atrapado en una justicia a medias.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC
