El fenómeno migratorio requiere una mirada urgente desde la óptica de los derechos humanos. Es imperativo humanizar la movilidad humana supranacional para dar paso a sociedades verdaderamente multiculturales y cohesionadas, con la premisa que la diversidad sea un valor y no un motivo de exclusión.
Las personas migrantes, sin importar su condición legal, poseen derechos fundamentales inalienables que deben ser respetados como: derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a un trabajo decente y a vivir sin discriminación.
Lamentablemente, la realidad dista mucho del deber ser. La falta de acceso pleno a estos derechos perpetúa situaciones de exclusión, vulnerabilidad y marginación que afectan no solo a los migrantes sino a la sociedad en su conjunto. Ignorar esta crisis humanitaria en nombre de políticas restrictivas o prejuicios no solo es injusto, sino que erosiona la posibilidad de construir comunidades inclusivas.
Ríos de tinta han corrido con la premisa de repensar las políticas migratorias desde un enfoque que priorice al ser humano, su dignidad y sus derechos, pero aún falta mucho trabajo en las comisiones legislativas para ir abriendo el camino hacia un futuro donde la integración sea sinónimo de justicia social y respeto genuino.
Un enfoque humanizado en la migración implica reconocer a las personas migrantes como sujetos de derechos y no como simples cifras o amenazas sociales. Esto se traduce en políticas públicas inclusivas, que faciliten su acceso a servicios básicos y oportunidades socioeconómicas sin discriminación. Por ejemplo, en México, la legislación establece que las personas migrantes tienen derecho al trabajo, educación y salud en igualdad de condiciones que los nacionales, pero en la práctica enfrentan barreras administrativas y prejuicios que imposibilitan estos accesos. La brecha entre normas y realidad evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de implementación, además de sensibilización social.
La integración (en el más amplio sentido de la palabra) también significa promover la convivencia intercultural en la que tanto migrantes como la población local aprendan y se adapten en un proceso mutuo. Esto requiere acciones que favorezcan la inclusión social y política, permitiendo la participación de las personas migrantes en la toma de decisiones que afectan a la comunidad, algo que actualmente se ve limitado por restricciones legales en gran cantidad de países.
Asimismo, es esencial abordar la migración desde un enfoque integral que involucre no solo a los gobiernos, sino a la sociedad civil, instituciones internacionales y actores locales para garantizar una atención adecuada a las necesidades de las personas migrantes, incluyendo información clara, protección legal, y apoyo cultural. La movilidad humana es un fenómeno natural y enriquecedor que puede potenciar el desarrollo si se gestionan adecuadamente los procesos de integración con respeto a la dignidad humana.
Valga pues, reconocer la importancia de los derechos humanos en la movilidad permite mantener un equilibrio entre la soberanía nacional y el respeto a la dignidad, evitando medidas discriminatorias que agraven las situaciones de vulnerabilidad.
Dr. Magdiel Gómez Muñiz Colaborador de Integridad Ciudadana, Profesor Investigador de la Universidad de Guadalajara @magdielgmg @Integridad_AC
