La Alianza Democrática y el desencanto con la democracia

Una de las grandes paradojas de la democracia mexicana son los vaivenes que ha experimentado a lo largo de los últimos ocho años, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República. Su triunfo en 2018 abrió una etapa de grandes expectativas sobre el futuro democrático del país.

Sin embargo, ese optimismo parece haberse debilitado. Los resultados más recientes del Latinobarómetro han vuelto a encender las alarmas sobre el estado de la democracia mexicana. De acuerdo con las cifras señaladas, el apoyo a la democracia registró una disminución considerable, al pasar del 74 al 53 por ciento.

Al mismo tiempo, la proporción de personas que consideran indiferente vivir bajo un régimen democrático o uno autoritario aumentó del 22 al 30 por ciento. Además, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia cayó del 50 al 30 por ciento. Más allá de las cifras, estos resultados plantean una interrogante de fondo: ¿cómo explicar que, en un país donde el partido gobernante conserva un amplio respaldo electoral, una parte importante de la ciudadanía manifieste un creciente desencanto con la democracia?

Este clima de preocupación también parece estar detrás de algunas iniciativas ciudadanas presentadas recientemente. Una de ellas es la Alianza Democrática, un esfuerzo impulsado por académicos, especialistas y representantes de la sociedad civil que busca recuperar la participación ciudadana en la defensa de las instituciones democráticas, particularmente mediante la observación electoral.

Entre sus principales promotores se encuentran figuras de reconocido prestigio, como Mauricio Merino y José Woldenberg, quienes han participado durante décadas en los debates sobre la democratización del país. La iniciativa pretende recuperar parte del espíritu de Alianza Cívica, organización que durante los años noventa desempeñó un papel relevante en la vigilancia de los procesos electorales y en la construcción de condiciones para la transición democrática.

En esta ocasión, la Alianza Democrática busca dar seguimiento a las irregularidades que puedan presentarse antes y durante el proceso electoral de 2027. Su propósito es documentar prácticas que se han vuelto recurrentes, como las campañas anticipadas, el uso indebido de recursos públicos y las posibles intervenciones de autoridades en las contiendas electorales. También contempla impulsar una amplia red de observación ciudadana, con la aspiración de tener presencia en las 73,264 secciones electorales.

No obstante, el principal desafío de esta iniciativa es que las condiciones políticas actuales son profundamente distintas de las que hicieron posible la transición democrática de los años noventa. En aquel momento, México atravesaba una crisis de legitimidad del régimen priista. El desgaste del partido hegemónico, los cuestionamientos sobre la limpieza de las elecciones y la creciente presión de los partidos de oposición y las organizaciones ciudadanas obligaron al gobierno a negociar reformas que permitieran construir condiciones de mayor competencia electoral.

Hoy el escenario es considerablemente distinto. Morena se ha consolidado como la principal fuerza política del país, cuenta con una amplia base de respaldo ciudadano y mantiene una posición dominante frente a una oposición que no ha logrado construir una alternativa suficientemente atractiva para una parte importante del electorado. A diferencia de lo ocurrido durante los últimos años del régimen priista, los escándalos políticos, las controversias institucionales y los cuestionamientos sobre el ejercicio del poder no parecen traducirse, al menos hasta ahora, en un desgaste electoral capaz de poner en riesgo su predominio.

Estas diferencias obligan a preguntarse hasta qué punto una estrategia que resultó relevante durante la transición democrática puede producir resultados semejantes en las condiciones actuales. La observación electoral continúa siendo una herramienta indispensable para documentar irregularidades, exigir transparencia y fortalecer la rendición de cuentas. Sin embargo, su capacidad de incidencia depende no solamente de la calidad de la información que produzca, sino también de la disposición de las instituciones para atender las denuncias y de la capacidad de la sociedad para transformar esos hallazgos en exigencias efectivas de responsabilidad política.

En ese sentido, la Alianza Democrática enfrenta el riesgo de convertirse en un esfuerzo de alcance limitado. Por más legítimos que sean sus propósitos y por más numerosas que resulten las irregularidades documentadas, nada garantiza que estas evidencias tengan consecuencias institucionales o se traduzcan en un cambio en las preferencias electorales. Incluso podría ocurrir que sus denuncias terminen circulando principalmente entre sectores que ya mantienen una posición crítica frente al gobierno, sin conseguir ampliar su influencia hacia una ciudadanía que continúa respaldando al partido dominante.

Por ello, el desafío que enfrenta la Alianza Democrática va mucho más allá de organizar una red de observación electoral. No basta con registrar las irregularidades, denunciar los abusos o señalar las debilidades de las instituciones. También resulta necesario reconstruir una narrativa capaz de explicar a la ciudadanía por qué la democracia, a pesar de sus limitaciones, sigue ofreciendo mejores condiciones para ejercer derechos, exigir responsabilidades, resolver pacíficamente los conflictos y limitar los abusos del poder.

Iván Arrazola Cortés es analista político e integrante de Integridad Ciudadana A.C.