La nueva Corte: un año después

Ha pasado un año desde la llegada del nuevo Poder Judicial, producto de una reforma que modificó radicalmente la forma de integrar a jueces, magistrados y ministros al establecer su elección mediante el voto popular. La promesa era profunda: transformar un Poder Judicial señalado por el oficialismo como distante de la ciudadanía, costoso, privilegiado y poco eficaz. Un año después, sin embargo, el balance permite advertir que el cambio más importante quizá no se encuentra en la impartición de justicia, sino en la relación de la Suprema Corte con el poder político.

Desde sus primeros meses, la nueva Corte no ha estado exenta de polémicas. Episodios como la difusión de imágenes en las que una colaboradora aparecía limpiando los zapatos del ministro presidente, Hugo Aguilar, o la controversia por la adquisición de vehículos de alta gama terminaron por confrontar a la institución con una de las principales promesas de la reforma: terminar con los lujos y privilegios que durante años fueron atribuidos al viejo Poder Judicial.

Pero las controversias no han sido solamente simbólicas. La rapidez con la que se diseñó y aprobó la reforma dejó también problemas jurídicos y operativos. Uno de ellos apareció en las propias reglas para determinar la presidencia de la Suprema Corte.

El nuevo diseño constitucional estableció un mecanismo de rotación relacionado con los votos obtenidos en la elección judicial, mientras otras disposiciones conservaron elementos provenientes del esquema anterior. Más allá de la discusión jurídica específica, el episodio mostró las dificultades que supone modificar apresuradamente una institución tan compleja.

A ello se han agregado errores operativos, diferencias de interpretación y desacuerdos entre ministras y ministros. Nada de esto sería extraordinario en un órgano colegiado. El problema surge cuando esas dificultades se presentan en una institución que nació bajo la promesa de corregir prácticamente todos los defectos atribuidos a su antecesora.

Sin embargo, en medio de estas controversias hay un objetivo de la reforma que sí parece haberse alcanzado: reducir la tensión entre la Suprema Corte y el Poder Ejecutivo. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Poder Judicial se convirtió en uno de los principales espacios de contención frente a algunas decisiones del gobierno. López Obrador respondió caracterizándolo reiteradamente como una institución defensora de privilegios y alejada del pueblo.

Aquella Corte fue también la que impuso límites a decisiones centrales del proyecto político del expresidente. Intervino en controversias relacionadas con la incorporación de la Guardia Nacional a la estructura militar y anuló reformas electorales por violaciones al procedimiento legislativo.

Con estos antecedentes la nueva Corte ha intentado construir legitimidad mediante una narrativa diferente. Se ha presentado como una «Corte del Pueblo», ha colocado especial énfasis en su acercamiento con pueblos y comunidades indígenas y ha buscado sacar algunas de sus actividades de la Ciudad de México para proyectar una institución más cercana al territorio y menos encerrada en los espacios tradicionales del poder judicial.

Ese esfuerzo puede tener un valor simbólico. Una Suprema Corte más cercana, comprensible y accesible para la ciudadanía es deseable. Sin embargo, la legitimidad de un tribunal constitucional no depende solamente de su proximidad social ni de su narrativa pública. Depende, sobre todo, de la independencia con la que sea capaz de resolver cuando la Constitución entre en tensión con los intereses del poder.

Y ahí aparece una segunda gran contradicción de la reforma. Durante su discusión se afirmó que la elección judicial contribuiría a resolver problemas históricos como la impunidad, la corrupción, la lentitud de los procesos y la ausencia de una justicia pronta y expedita. Pero buena parte de esos problemas no depende directamente de la Suprema Corte. La crisis de justicia involucra fiscalías, policías, ministerios públicos, defensorías, tribunales locales, sistemas penitenciarios y capacidades institucionales profundamente desiguales entre las entidades federativas.

Por eso, lo más delicado después de este primer año no son las polémicas, los errores operativos ni siquiera las contradicciones que acompañaron el nacimiento del nuevo Poder Judicial. El problema de fondo es la incertidumbre sobre su independencia.

México no puede depender de esperar una crisis constitucional para descubrir si todavía cuenta con un Poder Judicial dispuesto a establecer límites al poder. Si la reforma consiguió acercar políticamente a la Corte con la mayoría gobernante, pero debilitó su capacidad para actuar como contrapeso, entonces habrá resuelto el conflicto que el oficialismo tenía con el viejo Poder Judicial, pero habrá creado un problema mucho mayor para la democracia mexicana: tener una Corte más cercana al poder precisamente cuando su función constitucional exige tener la capacidad de ponerle límites.

Iván Arrazola es analista político e integrante de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @Integridad_AC