Con el propósito de actualizar el marco legal y endurecer las sanciones contra quienes brindan servicios de salud mental sin tener la preparación profesional necesaria, la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (PRI) propuso reformar los artículos 422 de la Ley General de Salud y 250 del Código Penal Federal.
La propuesta, vuelta a las comisiones unidas de Salud y de Justicia, y suscrita por la diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno (PRI), modifica el artículo 250 del Código Penal Federal para que la pena de prisión sea de tres a diez años, y la multa de trescientos a quinientos días. En la actualidad esas penalidades van de uno a seis años y de cien a trescientos días de multa.
Por lo que hace a la Ley General de Salud, se propone reformar su artículo 422 para aumentar la multa hasta 20 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, en lugar de hasta 16 mil veces, como se establece actualmente.
El proyecto busca reforzar el cumplimiento de la Ley General de Salud, que en su artículo 79 señala que el ejercicio profesional en el área de la salud debe estar respaldado por un título y cédula profesional registrados ante las autoridades competentes.
Recientemente, argumenta, han proliferado personas que, sin la debida formación académica ni acreditación, ofrecen servicios de atención de salud mental, exponiendo a los usuarios a diagnósticos erróneos, tratamientos inadecuados e incluso a un daño psicológico irreversible.
Ello puede traer como consecuencia terapias inadecuadas que empeoran las condiciones de los pacientes y causales de trastornos severos; una no atención calificada puede derivar en la pérdida de vidas humanas.
Indica que el ejercicio ilegal de profesiones en salud mental no solo pone en riesgo la integridad emocional y física de las personas, sino que desacredita la labor de profesionales que sí tienen la capacitación necesaria en la materia.
No obstante, subraya, las penas contenidas en dichos preceptos son insuficientes para sancionar debidamente estas prácticas ilícitas que atentan contra el derecho a una atención especializada.
De ahí la necesidad de reformar la legislación para soportar las sanciones, con el fin de que sean lo suficientemente considerables para desincentivar esta práctica ilegal, salvar la salud mental, la dignidad y la vida de las y los mexicanos, así como responder a una demanda social apremiante en un contexto donde los índices de trastornos mentales están en aumento.
Refiere que datos de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, de enero a septiembre de 2024, en el sistema de salud se atendió a 303 mil 356 personas (205 mil 336 mujeres y 98 mil 20 hombres) por distintas condiciones de salud mental y las condiciones más prevalentes fueron ansiedad y depresión, con 52.8 y 25.1 por ciento, respectivamente.
