En este México lleno de simbolismos, donde lo real y la ficción son fáciles de mezclar y confundir, se le da a la verdad un nuevo significado, basado en el poder de comunicar e incidir en la conciencia colectiva, según sea el grupo de interés.
El pasado domingo 31 de agosto, la ciudadanía se manifestó en un acto de resistencia democrática. Estos manifestantes, muy independientemente de quién haya impulsado la convocatoria, asistieron de forma voluntaria y pacífica a levantar la voz en representación de miles de mexicanos —por no decir millones— que ven con preocupación la concentración del poder en una sola persona, derivado de la pérdida de autonomía crítica e intelectual del Congreso desde hace siete años, y, a partir de este lunes, del Poder Judicial, en especial de la Suprema Corte de Justicia.
Que no pierdan de vista los gobernantes que lo acontecido el pasado domingo es solo un recordatorio de que los mexicanos están exigiendo ser escuchados. Esto contrasta con el discurso político de la máxima ejecutiva de la nación, quien expresó con fuerza y buena mercadotecnia que: “Vamos bien y vamos a ir mejor”. Una afirmación cuestionable, ya que, si vamos bien, ¿por qué se han dado tantas marchas? O peor aún: ¿cuál es la razón por la que el pronóstico más alentador de crecimiento del PIB, según Banxico, es de apenas 0.6%?
Razones puede haber muchas, pero la realidad es que un informe de gobierno debe ser claro y contundente, marcando lo que se ha logrado, lo que está en proceso y lo que aún representa un problema de largo plazo. Un informe no es para auto elogiarse, sino para mostrar realidades y áreas de oportunidad que permitan corregir el rumbo.
Los ciudadanos que no aprueban la actual gestión no están en contra de una persona —sea la presidenta o un secretario de Estado—, están en contra de verdades a medias y de políticas paternalistas que han ido empobreciendo a la población, sumando a más personas a la informalidad, que, a diciembre de 2024, según el reporte del INEGI, alcanzaba un 54.5% de la población económicamente activa, mientras que la formal apenas llegaba al 45.5%. Esto muestra que existe un gran reto para la actual administración: lograr la inclusión de todos los agentes de la economía informal a la formalidad.
Lo anterior no demuestra que estemos bien, sino que estamos inmersos en un modelo de desarrollo del bienestar sustentado en programas sociales. Esto permite hablar de una disminución de la pobreza, pero no de un desarrollo integral, donde con cien pesos se compren más productos, lo cual sería un verdadero aumento del poder adquisitivo de los ciudadanos.
En el discurso oficial se presume que se realizaron 19 modificaciones constitucionales y se crearon 40 nuevas leyes, generando una transformación legislativa profunda, la cual, de entrada, trastoca la autonomía del Poder Judicial. El pasado día primero, tras una ceremonia sincretista, el presidente de la Suprema Corte fue “purificado” y recibió el bastón de mando de los pueblos indígenas y afroamericanos, al igual que lo han hecho actores políticos en los últimos años. Con ello, se desdibuja la figura de los ministros y su deber ante la defensa de la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Que quede claro: la justicia que los mexicanos exigen no necesita incienso ni danzas ceremoniales. Se necesita imparcialidad, firmeza y apego a la ley.
Por esa razón, y en apego a la realidad, la marcha del 31 de agosto no es solo una protesta, sino una declaración de vigencia democrática. Exigir coherencia y legalidad es un derecho y una obligación de todos los ciudadanos, ya que el desarrollo se construye con consenso, justicia y participación.
Javier Agustín Contreras Rosales. Colaborador de Integridad Ciudadana AC, Contador Público, Especialista en Instituciones Administrativas de Finanzas Publicas, Maestro en Administración Pública @JavierAgustinCo @Integridad_AC
