Como suele ocurrir en toda crisis que estalla tras un escándalo, es común escuchar frases como: “todo el mundo lo sabía y nadie hizo nada”. Esta expresión parece aplicarse al caso de Teuchitlán, Jalisco, donde cientos de prendas abandonadas apenas alcanzan a transmitir el horror de lo vivido en ese lugar.
Jalisco ocupa el primer lugar nacional en desapariciones, con casi 16 mil personas desaparecidas. Es frecuente escuchar testimonios sobre jóvenes que desaparecen tras acudir a la Nueva Central Camionera de Guadalajara, atraídos por ofertas de empleo que reciben a través de redes sociales, y que nunca vuelven a ser vistos.
Los jóvenes, especialmente varones, constituyen uno de los sectores más vulnerables. En la región de Los Altos de Jalisco, cinco jóvenes desaparecieron hace un par de años. Se presume que el crimen organizado fue responsable. Como evidencia, se difundió una fotografía en la que se observa a los jóvenes arrodillados y amordazados. Las autoridades también han señalado que existen indicios de que fueron obligados a asesinarse entre ellos, como se ha inferido a partir de la circulación de un video.
En paralelo, se han vuelto frecuentes los operativos del gobierno estatal dirigidos a intervenir corporaciones de policía municipal, ante la sospecha de colusión con el crimen organizado. Hace apenas unas semanas, ocho policías desaparecieron en el municipio de Teocaltiche. Hasta el momento, se han localizado los restos de cuatro de ellos; el paradero de los otros continúa siendo desconocido.
En ese mismo municipio, se descubrieron centros de videovigilancia operados por grupos criminales, desde los cuales se monitorea todo lo que ocurre en el territorio. Distintos municipios se han convertido en puntos estratégicos en la disputa entre cárteles, debido a su ubicación geográfica y su colindancia con entidades como Michoacán, Colima y Guanajuato, donde también se registra una fuerte presencia del crimen organizado. Para mantener el control sobre estas zonas, los cárteles requieren de una gran cantidad de personas encargadas de vigilar y operar los distintos puntos del territorio.
En este contexto, pocas autoridades parecen sorprendidas ante el presunto hallazgo de un campo de entrenamiento o de exterminio en Jalisco. Este hecho ejemplifica con crudeza cómo el Estado ha perdido el control territorial desde hace tiempo, aunque lo más preocupante es que nadie parece dispuesto a reconocerlo abiertamente.
Ante la magnitud de la crisis, el gobierno estatal se ha visto rebasado y solicitó la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República. Hasta aquí, podría decirse, termina la primera parte de una historia que apenas comienza y cuyas raíces explican en buena medida la complejidad del problema.
En respuesta la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un paquete de acciones orientadas a atender el caso Teuchitlán, entre las que destacan: 1) el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); 2) la consolidación del Certificado Único de Registro de Población; 3) el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana; 4) la incorporación de nuevos protocolos en la ley; 5) la equiparación del delito de desaparición con el de secuestro, y 6) el fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Sin embargo, estas acciones generaron inconformidad entre diversos colectivos de personas buscadoras, quienes reprocharon que muchas de estas medidas ya están previstas en la legislación, pero no se han aplicado. Además, señalaron que no fueron tomadas en cuenta para la definición de estas políticas, lo cual refuerza la percepción de una decisión unilateral y sin diálogo.
Por último, aunque se anunció este paquete de acciones, no se establecieron plazos claros para su implementación ni compromisos concretos sobre los resultados que se esperan alcanzar.
Por otra parte, el fiscal general Alejandro Gertz Manero ofreció una conferencia de prensa en la que informó que, según las primeras investigaciones, la Fiscalía del Estado de Jalisco habría incurrido en graves omisiones, entre ellas: no se inspeccionó adecuadamente el lugar, no se tomaron muestras de huellas dactilares, no se realizaron análisis químicos ni físicos en los supuestos hornos crematorios, no se investigó la propiedad del terreno y no se dio seguimiento a las víctimas rescatadas del sitio. Ante estas omisiones el fiscal pidió a la Fiscalía de Jalisco que entregue la carpeta de investigación del predio para poder atraer el caso.
¿Qué queda después de lo ocurrido en Teuchitlán? Todo parece indicar que la prioridad inmediata fue calmar a la opinión pública y ofrecer una narrativa de acción institucional, más que diseñar una estrategia profunda y efectiva para atender la crisis estructural de desapariciones en el país. Entre las medidas que se tomarán en las próximas semanas, destaca la investigación a funcionarios estatales que no hicieron bien su trabajo.
Sin embargo, persiste la sensación de que el problema no desaparecerá, en gran parte, esto se debe a que el Estado mexicano carece de las capacidades institucionales, técnicas y operativas necesarias para enfrentar el problema de manera integral.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC
