El combate a la inseguridad en México se ha convertido en uno de los mayores retos del Estado en las últimas décadas. A pesar de los múltiples planes, reformas y despliegues de fuerzas de seguridad, los gobiernos no han logrado revertir de manera sostenida la violencia que golpea a la sociedad. Estrategias como la militarización de la seguridad pública o la apuesta por programas sociales no han sido suficientes para frenar la expansión del crimen organizado ni para reducir la percepción generalizada de inseguridad entre la población.
En este contexto, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cerró con alrededor de 200 mil homicidios, una cifra alarmante que ilustra la profundidad del problema. Por ello, el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre una reducción de más del 25% en la tasa de homicidios dolosos adquiere relevancia: con las cifras reportadas, se habla de 22 asesinatos menos por día en promedio. Aunque este dato podría interpretarse como un avance significativo, la complejidad del fenómeno obliga a preguntarse si se trata de un cambio estructural o de un resultado circunstancial.
Por un lado, el gobierno sostiene que esta reducción es resultado de su modelo de seguridad, basado en la atención a las causas sociales de la violencia, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la coordinación con los gobiernos estatales y la implementación de labores de inteligencia. Estas medidas, según Sheinbaum, habrían comenzado a rendir frutos en apenas diez meses de administración.
No obstante, las dudas surgen de inmediato. Una de las principales objeciones radica en la fiabilidad de las cifras: mientras que en el caso de la pobreza es un organismo autónomo como el INEGI el que reporta la información, en materia de seguridad las estadísticas provienen de reportes estatales, muchas veces cuestionados por la falta de transparencia y por la reclasificación de homicidios dolosos como culposos u otros delitos contra la vida. En este sentido, el debate no solo se centra en la disminución real de la violencia, sino también en la credibilidad de los datos.
Aun reconociendo que el cambio de estrategia es perceptible, toda política pública requiere tiempo para consolidarse. La Guardia Nacional, por ejemplo, todavía enfrenta el reto de trascender su papel como una policía de proximidad para convertirse en una corporación con capacidades efectivas de investigación. Lo mismo ocurre con el sistema de inteligencia nacional: ¿cuánto tiempo tomará contar con un aparato capaz de enfrentar de manera eficaz al crimen organizado?
El panorama se complica si se consideran factores externos. La relación con Estados Unidos es un ejemplo: mientras México extradita capos y permite sobrevuelos de drones estadounidenses en su territorio, rechaza la colaboración formal con la DEA. Esta ambivalencia genera dudas sobre la coherencia de su política en materia de seguridad. En materia de seguridad el gobierno debe reconocer sus limitaciones, en este momento no cuenta ni con las capacidades tecnológicas ni humanas para hacer frente por sí solo a los grupos del crimen organizado.
Además, en diversas regiones del país persisten crisis que ponen en entredicho los resultados oficiales. En Jalisco, la crisis de personas desaparecidas refleja un escenario fuera de control. En la Ciudad de México y el Estado de México, la extorsión se ha convertido en un delito cotidiano que afecta gravemente la vida de la población. Así, aunque la tasa de homicidios pueda mostrar una disminución, la percepción de inseguridad sigue siendo elevada y el control territorial del crimen organizado permanece como un “cáncer” difícil de erradicar.
La estrategia de seguridad del actual gobierno parece orientarse en la dirección correcta, pero aún está lejos de alcanzar resultados definitivos. Para consolidar avances, México necesita no solo clarificar cómo se miden las cifras, sino también construir una estrategia integral y creíble que reconozca las limitaciones estatales, fortalezca la cooperación con otros actores y, sobre todo, impulse un poder judicial capaz de reducir la impunidad. De no atenderse este aspecto, cualquier reducción en los homicidios corre el riesgo de ser insuficiente frente a la complejidad del fenómeno de la violencia en el país.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC
