En México, la presidenta fue elegida para ejercer los seis años completos de su periodo, y una vez que asume el cargo resulta muy difícil removerla razón por la cual se afirma que el sistema presidencial es de naturaleza rígida. La revocación de mandato surgió como una alternativa para que la ciudadanía pudiera evaluar y, en su caso, retirar a un mandatario antes de que concluya su periodo.
Sin embargo, el debate actual no responde al deseo de revisar el desempeño de Claudia Sheinbaum —quien mantiene una alta aprobación—, sino a la posibilidad de que su presencia en la boleta favorezca electoralmente a su partido. Más que un ejercicio auténtico de participación ciudadana, la propuesta parece orientarse a obtener una ventaja política, manteniendo a la presidenta en una campaña permanente, aun cuando ello ponga en riesgo la equidad y la calidad del proceso democrático.
En la práctica mexicana —y en la de otros países donde existe— este mecanismo opera más como una ratificación del mandato que como una herramienta real para destituir a un gobernante. Difícilmente un mandatario con control político, respaldo popular y una maquinaria organizada pierde en este tipo de ejercicios.
La experiencia de México en 2022 confirma esta lógica. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la revocación de mandato generó intensas tensiones con el Congreso para determinar su fecha y condiciones de organización. Finalmente, el ejercicio se realizó con una participación del 17 % del listado nominal. Aunque más de quince millones de personas votaron por la permanencia del presidente, la participación no alcanzó el umbral del 40 % requerido para que el resultado fuera vinculante. A pesar de ello, el ejercicio se convirtió en un acto de ratificación simbólica, pues entre quienes acudieron a las urnas el apoyo fue prácticamente unánime. A lo largo del proceso, López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de no promover el ejercicio, en base a ese discurso López Obrador pretendió justificar la baja participación en la revocación.
Hoy el debate ha resurgido. El gobierno y su mayoría legislativa impulsan nuevamente la realización de la revocación, pero ahora con un cambio significativo: emparejarla con las elecciones intermedias. Los argumentos oficiales señalan que esta modificación permitiría ahorrar alrededor de cinco mil millones de pesos al evitar organizar una consulta independiente. Además, se sostiene que la participación ciudadana incrementaría, ya que la coincidencia con otros comicios podría generar mayor interés electoral.
No obstante, esta propuesta ha suscitado fuertes críticas. En primer lugar, porque colocar a la presidenta en la boleta de la elección intermedia podría producir un efecto de arrastre en favor de los candidatos de su partido. Más que un ejercicio ciudadano de control, la revocación —si se empata con las elecciones— corre el riesgo de transformarse en una herramienta de movilización política para fortalecer al oficialismo. En segundo lugar, mantener a la presidenta en campaña permanente tensaría aún más las dinámicas institucionales, desviando su atención de las responsabilidades de gobierno y ampliando el clima de polarización.
Asimismo, es necesario considerar las ventajas estructurales que tendría la presidenta si participa en un proceso concurrente. Las conferencias matutinas, la comunicación oficial y la visibilidad del cargo podrían influir en la percepción ciudadana y afectar la equidad en la contienda. De este modo, un mecanismo diseñado para equilibrar el poder podría terminar reforzándolo, debilitando así la intención original del legislador.
Este escenario se agrava si se toma en cuenta el contexto político del país. La presidenta mantiene una relación tensa con la oposición y, casi un año después de asumir el cargo, no ha sostenido reuniones formales para construir acuerdos. En un ambiente tan polarizado, una consulta de revocación empalmada con las elecciones intermedias podría profundizar aún más la confrontación entre bloques, transformando un procedimiento democrático en una herramienta de movilización partidista.
Un aspecto adicional que debe observarse con detenimiento es la enorme sobrecarga electoral prevista para 2027. Ese año se renovarán diecisiete gubernaturas, la Cámara de Diputados y, de manera inédita, se elegirán ochocientos jueces y magistrados del Tribunal Electoral. Incorporar la revocación de mandato a este paquete de elecciones complica la capacidad ciudadana para informarse adecuadamente, lo que afecta la calidad democrática del proceso en su conjunto. Con demasiadas boletas, demasiadas campañas y demasiada información simultánea, el riesgo es que la ciudadanía termine votando sin comprender plenamente la trascendencia de cada elección.
Por ello, antes de insistir en una modificación que parece responder más a intereses políticos que a razones democráticas, sería pertinente que el partido en el poder evaluara el impacto real de esta decisión. Un supuesto ahorro presupuestal no debería justificar un arreglo institucional que puede erosionar aún más la confianza en las instituciones electorales pero sobre todo seguir confrontando a un país que exige soluciones no mas pleitos.
Iván Arrazola es analista político e integrante de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC
