El futuro urbano de la región está marcado por una paradoja: mientras construimos hacia el cielo, descendemos hacia la exclusión de quienes más requieren cuidado y accesibilidad. Lo cierto es que, el crecimiento de la vivienda vertical en las ciudades de nuestro país, si bien responde al aumento de la urbanización y la demanda de espacio, tiene profundas implicaciones para el derecho a la ciudad, especialmente considerando el envejecimiento acelerado de la población.
Pero más allá de la infraestructura urbana, hay una realidad ineludible: la vejez se sitúa en el delicado límite entre la vida y la muerte, un proyecto de plenitud en facultades, así como afectos, sostenido por el cariño y el apoyo comunitario. Sin embargo, alcanzar esta plenitud se vuelve cada vez más difícil en contextos donde la fragmentación social, impulsada por los desarrollos verticales, segmenta a la población según sus ingresos. Así, muchas personas mayores con recursos limitados quedan excluidas, desplazadas hacia las periferias, lejos de los centros urbanos y de los servicios esenciales. Esta distancia no solo vulnera su derecho a vivir plenamente, sino que también dificulta enormemente el acceso a espacios y vínculos afectivos, debido a la complejidad de los traslados en las megalópolis.
Entonces es muy importante que al interior de los cuerpos legislativos y comisiones edilicias se puedan redimensionar los debates sobre los complejos de vivienda vertical debido a que carecen de la normatividad e infraestructura adaptada para personas mayores; empezando por vialidades que sean más fluidas, después exigir a los desarrolladores inmobiliarios ascensores adecuados, rampas o espacios para la movilidad asistida. Ya que sin esto se dificulta la autonomía y reduce el acceso igualitario a servicios y espacios públicos.
Aunque se insiste en que los dos primeros pisos de los edificios verticales están pensados para los adultos mayores, esta idea se vuelve insostenible cuando recordamos que todos envejecemos con cada minuto que pasa. ¿O acaso quienes viven en los “últimos pisos” cuentan con ese mítico “elixir de la eterna juventud” que les permite saltarse el paso del tiempo? Porque si no es así, limitar el acceso a las plantas bajas termina siendo un cruel recordatorio de que la vejez no se puede encerrar ni en normativas ni en metros cuadrados.
Pero, fuera de broma, el derecho a la ciudad, promovido por ONU-Hábitat, implica la posibilidad de disfrutar del entorno urbano de manera digna y segura, participando activamente en su transformación. La vivienda vertical, si no es planificada y gestionada con perspectiva de envejecimiento, puede vulnerar este derecho.
Así que, si realmente aspiramos a que la vivienda vertical deje de ser una nueva muralla para convertirse en un puente hacia el derecho a la ciudad, necesitamos mucho más que buenas intenciones. Es momento de exigir normas claras de accesibilidad universal, no solo en los nuevos edificios, sino también en la rehabilitación de los ya existentes. Hace falta apostar en serio por viviendas asequibles en zonas bien conectadas, promoviendo alternativas como los modelos cooperativos y el alquiler social, para que envejecer no signifique ser expulsados a los márgenes.
Pero ahí no termina la tarea. Es imprescindible revitalizar los lazos comunitarios a través de espacios comunes vibrantes y actividades que permitan el encuentro entre generaciones, porque nadie envejece solo, ni debería. Y claro, es hora de dejar de tomar decisiones sobre la ciudad sin escuchar a quienes la habitan con el paso lento pero firme de la experiencia: los adultos mayores deben tener voz y voto en la planeación urbana. Al final, las ciudades que respetan y cuidan a su población mayor no sólo garantizan dignidad a las personas de todas las edades, sino que se preparan, en serio, para el futuro que nos incluye a todos.
Sin estas medidas, la vivienda vertical puede perpetuar la desigualdad y el aislamiento de la población mayor, contraviniendo los principios fundamentales de una ciudad inclusiva y amigable para todas las edades.
Dr. Magdiel Gómez Muñiz Colaborador de Integridad Ciudadana, Profesor Investigador de la Universidad de Guadalajara @magdielgmg @Integridad_AC
