Comisión Presidencial para la Reforma Electoral
La reciente configuración de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez y promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, marca el inicio de una nueva fase en la reconfiguración del sistema político mexicano. A partir de los comunicados oficiales, el mandato de esta comisión contempla un diagnóstico detallado y sistemático del actual modelo electoral y del sistema de partidos, con el propósito de identificar el abanico estructural. De este escenario se espera una propuesta legislativa integral, orientada no solo a robustecer los mecanismos de representación y gobernabilidad, sino también a situar la voluntad popular como eje central del proceso democrático.
Sin embargo, el anuncio de la Dra. Scheinbaum implica un fuerte debate nacional sobre el rumbo de las instituciones electorales, las garantías de pluralidad política y las reglas para la competencia entre fuerzas partidistas. Para lograrlo, Pablo Gómez (extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera) debe equilibrar dos escenarios: “modernización normativa” y “pospolítica administrativa” para garantizar -medianamente- estabilidad y acuerdos en el abordaje de las prerrogativas de los partidos políticos y el número de legisladores plurinominales.
Huelga sostener que, la posible reducción de recursos públicos para los partidos es vista por la opinión pública como un acto necesario de austeridad que podría frenar los excesos y fomentar la eficiencia administrativa. No obstante, también supone el riesgo de debilitar a las fuerzas minoritarias, limitar la competencia real y abrir la puerta a un financiamiento alterno de dudosa procedencia, afectando la equidad.
En cuanto a los diputados y senadores plurinominales, la intención de disminuir sus escaños responde a la percepción de que representan listas cerradas y poca rendición de cuentas, pero también pone en “jaque” la proporcionalidad que garantiza la inclusión de voces no mayoritarias en el Congreso. Hoy, la Cámara de Diputados está conformada por 300 representantes de mayoría relativa y 200 plurinominales; su eventual reducción podría fortalecer a la composición de mayoría, pero empobrecer el debate parlamentario (que dicho sea de paso, refleja poca fuerza y responsabilidad).
Frente a este panorama, los retos no son menores. El principal beneficio de la reforma, si se ejecuta con inclusión y transparencia, sería un sistema más eficiente, menos costoso y más cercano a la ciudadanía. Sin embargo, los contras incluyen un posible debilitamiento institucional, retrocesos en la representación proporcional y un mayor control del partido mayoritario sobre la agenda nacional. En el fondo, la gran pregunta es si la reforma podrá fortalecer la gobernabilidad democrática sin sacrificar pluralidad, equidad ni el balance de poderes.
Visto desde una perspectiva crítica, no se deben confundir la “distribución del poder político” y el “control del poder político” debido a que no son dos categorías iguales. La primera significa en sí una reciproca interacción del poder y la segunda consiste en que un detentador de poder impida la realización de un acto estatal., lo anterior desde el análisis de Loewenstein y la anatomía del proceso gubernamental.
Lo cierto es que se vuelve imperante que la comisión incorpore voces de la sociedad civil, expertos independientes, instituciones de educación superior y minorías políticas para evitar que la transformación electoral responda sólo a intereses coyunturales o partidistas. El futuro de nuestro sistema democrático dependerá de la honestidad, apertura y capacidad de diálogo de quienes conduzcan este necesario proceso.
Dr. Magdiel Gómez Muñiz Colaborador de Integridad Ciudadana, Profesor Investigador de la Universidad de Guadalajara @magdielgmg @Integridad_AC
