La seguridad en México atraviesa una etapa de redefinición, y los contrastes con el pasado reciente son evidentes. Mientras en el sexenio anterior cualquier operativo o detención era recibido con recelo —porque se privilegiaba el mensaje de que los programas sociales serían la principal vía para erradicar la violencia—, hoy el gobierno busca proyectar una narrativa distinta: una que combina resultados medibles con una estrategia más profesional y coordinada.
La reciente comparecencia en el Senado del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirma ese cambio de enfoque. Las cifras presentadas hablan de una reducción considerable de delitos: de 969 delitos diarios en 2018 se ha pasado a 524 en 2025 lo que implica una reducción de 47%; los homicidios dolosos y los feminicidios también han disminuido; y los 35 mil detenidos, los 1,500 laboratorios desmantelados y las más de 200 toneladas de droga incautadas muestran un trabajo sostenido y metódico. Se trata de resultados que reflejan una estrategia más técnica, basada en inteligencia y menos improvisada.
Pese a la militarización que persiste en el país, el rostro más visible de la seguridad es ahora un civil. Harfuch ha logrado construir una imagen de confianza y credibilidad ante la ciudadanía, alejándose de la politización que caracterizó a sus antecesores, Alfonso Durazo y Rosa Icela Rodríguez. Él mismo reconoce que el problema no está resuelto, pero subraya que los avances son medibles y verificables.
Según el secretario, las claves de la actual política de seguridad radican en el uso estratégico de la inteligencia, la coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y la continuidad de los programas sociales orientados a atender las causas estructurales de la violencia. Su figura, además, adquiere un peso simbólico particular: es considerado uno de los colaboradores más cercanos y confiables de la presidenta, con un perfil profesional, discreto y eficaz, que se ha mantenido al margen de los escándalos políticos y de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos, país que insiste en señalar el poder territorial de los cárteles en México.
Sin embargo, la realidad dista de ajustarse plenamente al discurso oficial. Los hechos ocurridos en Michoacán lo confirman: el asesinato de Bernardo Bravo, líder de productores de limón en el Valle de Apatzingán, expuso nuevamente la fragilidad del Estado frente al crimen organizado. Bravo había denunciado desde febrero las extorsiones sistemáticas que padecen los agricultores, obligados a pagar hasta cuatro pesos por kilo de limón a grupos criminales. Su muerte, precedida por amenazas, revela que en amplias regiones del país la denuncia ciudadana sigue siendo un acto de alto riesgo, insuficiente para frenar redes de poder que operan con impunidad y controlan la vida económica y social de comunidades enteras.
El propio Harfuch reconoció que los delitos de extorsión y desaparición continúan entre los más graves. Señaló que las denuncias por extorsión aumentaron de 349 a 647 casos en los primeros meses del año, aunque destacó que gracias a la línea 089 se frustraron el 74% de los intentos mediante acompañamiento a las víctimas. Aun así, crímenes como el de Bravo revelan que los números no siempre logran captar la magnitud y la complejidad del problema.
Finalmente, los datos del INEGI indican que más del 60% de la población aún se siente insegura al salir a las calles. Los resultados, como dice el secretario, están ahí y son verificables, pero pacificar al país exige mucho más que estadísticas alentadoras. No basta con celebrar detenciones y decomisos; es necesario recuperar los territorios, fortalecer los gobiernos locales y reconstruir la confianza ciudadana. Mientras eso no ocurra, el crimen organizado seguirá ocupando espacios de poder y actuando como un Estado paralelo.
El discurso gubernamental sobre la seguridad muestra avances tangibles, pero la realidad cotidiana revela que el desafío sigue siendo monumental. Solo cuando la seguridad deje de ser un discurso y cifras para ser una estrategia creíble y confiable, podrá hablarse verdaderamente de paz y gobernabilidad.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC
