Progresismo a la mexicana

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El progresismo suele presentarse como una postura moralmente superior: del lado de las minorías, de los derechos, de la justicia social. En el discurso, difícilmente hay objeción. El problema comienza cuando ese discurso se confronta con el ejercicio del poder.

Porque no todo progresismo es igual. Hay uno que respeta las reglas, que entiende la democracia como un sistema de contrapesos donde se puede ganar o perder. Pero también hay otro que, en nombre del pueblo, debilita instituciones, reconfigura las reglas y normaliza la concentración del poder. Ahí es donde aparecen las contradicciones.

En México, esas contradicciones son cada vez más evidentes. Un gobierno que ha insistido en que “la mejor política exterior es la política interior” decide salir al escenario internacional justo cuando enfrenta una crisis de credibilidad interna. El caso del derrame de petróleo en el Golfo de México —negado inicialmente y atribuido después a PEMEX— no solo revela fallas operativas, sino un problema de fondo: la gestión política de la verdad.

Pero el problema no se agota ahí. En el terreno institucional, las reformas impulsadas en los últimos años han encendido alertas. La reforma al Poder Judicial, por ejemplo, no solo ha sido polémica por su contenido, sino por sus efectos: una Corte cuya independencia es cada vez más cuestionada. Y sin división de poderes, la democracia pierde su sustento.

A esto se suma el frente electoral, donde los cambios propuestos bajo el argumento de eliminar privilegios esconden riesgos mayores. La intención de debilitar o eliminar la representación proporcional no es menor: implica reducir la pluralidad en el Congreso y fortalecer mayorías automáticas. Es decir, menos voces, más concentración.

Sin embargo, la contradicción más evidente está en los hechos. Mientras se habla de combatir privilegios, se normalizan prácticas que distorsionan la competencia electoral: campañas anticipadas disfrazadas de procesos internos, uso intensivo de recursos públicos y privados sin suficiente fiscalización, y mecanismos de selección de candidaturas basados en encuestas poco transparentes. Todo ello configura un terreno desigual donde las reglas existen, pero no siempre se cumplen.

Y aquí aparece un punto clave: el problema no es solo la ley, sino su aplicación. Porque cuando las normas se flexibilizan para unos y se endurecen para otros, la democracia deja de ser un sistema de reglas y se convierte en un instrumento de control.

La relación con la ciudadanía también refleja esta tensión. Un gobierno que se define cercano ha optado, frente a la crisis de desapariciones, por mantener distancia con los colectivos de búsqueda. Se administra el problema, pero no se asume políticamente. Y en contextos de violencia, la omisión también es una forma de decisión.

En el ámbito internacional, la incongruencia se replica. Se busca proyectar a México como defensor de la democracia, pero se evita condenar con claridad regímenes autoritarios como los de Venezuela o Cuba. Se critica selectivamente. Y la selectividad, en política exterior, también tiene consecuencias.

Incluso frente a organismos como la ONU, la reacción ha sido defensiva. En lugar de asumir los señalamientos sobre desapariciones como una oportunidad de mejora, se descalifican los informes. Se rechaza el diagnóstico, pero no se corrige el problema.

Así, el progresismo a la mexicana enfrenta su mayor desafío: la congruencia. Porque cuando se debilitan instituciones, se manipulan reglas electorales y se relativiza la crítica, el discurso pierde fuerza.

Y entonces la pregunta deja de ser ideológica y se vuelve práctica: ¿qué tipo de democracia se está construyendo? Porque al final, más allá de etiquetas, la política se mide por hechos. Y cuando los hechos contradicen el discurso, quien paga el costo no es la narrativa, es la ciudadanía. Esa misma que, entre reformas, promesas y contradicciones, sigue esperando que la democracia no solo se proclame… sino que se respete.