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Hay dinámicas que no cambian en el sistema político mexicano. En un régimen presidencial, donde el Ejecutivo se ubica en la cúspide del poder, los ajustes desde la Presidencia suelen traducirse en reacomodos de piezas: se ajustan posiciones en el partido, en el gobierno y en los espacios de elección popular. Así, más que transformaciones de fondo, lo que persiste es una lógica en la que el poder se concentra y se redistribuye desde un mismo centro.
En este contexto, comienzan a delinearse las estrategias rumbo a 2027. La presidenta Claudia Sheinbaum ha iniciado una serie de movimientos que responden tanto a la anticipación electoral como a la necesidad de reorganizar fuerzas al interior del propio bloque gobernante. El principal desafío no parece venir de la oposición, sino de las tensiones internas al interior de su coalición de gobierno.
Uno de los episodios más relevantes fue la derrota legislativa de la presidenta en torno a la reforma electoral, que había sido definida como prioritaria. La falta de acuerdos evidenció problemas en la operación política y, en particular, generó críticas desde los partidos de la coalición gobernante, que señalaron la cerrazón de Luisa María Alcalde para negociar. A ello se sumaron cuestionamientos hacia su figura, incluidos señalamientos por temas como el nepotismo, lo que terminó por colocarla en una posición vulnerable dentro del entramado político.
En consecuencia, su salida de la dirigencia nacional del partido y su traslado a la Consejería Jurídica puede interpretarse como una degradación política, pero también como el sacrificio de una pieza ante la falta de resultados.
Al mismo tiempo, quien ocupaba la Consejería Jurídica, Esthela Damián, se perfila ahora como posible candidata a la gubernatura de Guerrero. Este tipo de movimientos confirma que los cargos públicos funcionan como instrumentos de premio o castigo.
En este sentido, tampoco genera mayor controversia que figuras del gobierno se proyecten hacia candidaturas con anticipación, aun cuando falte más de un año para las elecciones. Incluso, este movimiento parece ser utilizado por la presidenta para dejar claro a quién respalda en Guerrero, al tiempo que busca cerrar el paso a una eventual postulación de Félix Salgado. Todo ello ocurre en un estado donde los problemas de gobernabilidad son persistentes y donde, independientemente de quién llegue al poder, resulta difícil pensar en una solución de fondo a la inseguridad y al control criminal.
Por otro lado, los ajustes en la Secretaría de la Mujer, en particular la salida abrupta de Citlalli Hernández para incorporarse a una posición dentro del partido —en un contexto marcado por la falta de interlocución con la dirigente Luisa María Alcalde—, evidencian nuevamente esta dinámica de reacomodos políticos. Este movimiento también deja ver que la agenda de las mujeres no ocupa un lugar prioritario.
Aunque la creación de la Secretaría tiene un peso simbólico, en la práctica su papel resulta limitado dentro de la estrategia gubernamental. En un país donde los feminicidios y la violencia contra las mujeres representan un problema estructural, la falta de fortalecimiento institucional, junto con el cambio en su conducción, sugiere la ausencia de un compromiso sólido para consolidarla como un eje central de política pública.
Por último, el posible traslado de Ariadna Montiel de la Secretaría del Bienestar a la dirigencia nacional de Morena abre cuestionamientos relevantes. El hecho de que una funcionaria con acceso a los padrones de beneficiarios de programas sociales asuma el control del partido más poderoso del país podría generar polémica en términos de equidad política; sin embargo, hasta ahora no parece implicar un costo significativo, en la medida en que no existen contrapesos ni costos políticos que limiten o inhiban esta decisión.
En conjunto, estos movimientos confirman que las viejas reglas del poder siguen operando. Desde la Presidencia se reorganizan posiciones; sin embargo, queda abierta una pregunta central: ¿en qué medida estos ajustes benefician realmente a la ciudadanía o, más bien, responden a una lógica de control político orientada a premiar lealtades y castigar fallas?
Quizá la única diferencia radica en la narrativa de la propia presidenta, quien ha señalado que no recibe línea desde Palenque para tomar estas decisiones. Sin embargo, más allá de esa afirmación, el verdadero reto estará en los resultados. Si estos movimientos no se traducen en un desempeño electoral favorable en 2027, su papel como figura central del poder podría debilitarse. En ese escenario, su capacidad para conducir la sucesión presidencial dependerá del reconocimiento efectivo de su liderazgo dentro del movimiento.
Iván Arrazola es analista político e integrante de Integridad ciudadana A.C @ivarrcor @integridad_AC
