El del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, se ha convertido en un caso que revela de los grandes desafíos que enfrenta México para esclarecer hechos relacionados con la violencia y la desaparición de personas. Lo que comenzó como una denuncia del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha derivado en una investigación compleja, marcada por hallazgos preocupantes, versiones encontradas entre autoridades estatales, federales y organizaciones civiles y, peor aún, la patente ineptitud de la Fiscalía de Jalisco (FJ)
De acuerdo con la FJ, el rancho Izaguirre funcionaba como un centro de “adiestramiento táctico y físico” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Reconoce que el 5 de marzo se localizaron siete lotes de restos óseos tras la intervención del colectivo, además de más de mil objetos personales. Niegan, sin embargo, la existencia de hornos crematorios y sostienen que los cateos realizados desde septiembre de 2024 fueron limitados en resultados, pero no por su negligencia.
La polémica continua sobre si ese lugar fue sólo un centro de entrenamiento o también fue un campo de exterminio como lo señalaron colectivos de buscadores de Jalisco, lo que afirmó García Harfuch que no era un lugar de exterminio, aunque reconoció que ahí torturaban y asesinaban a quienes se negaban a ser parte del crimen organizado.
Uno de los elementos más mencionados es el hallazgo de “lotes de restos óseos”. Sin embargo, el término “lote” no ha sido definido con claridad, ni por las autoridades ni por el colectivo.
Cartón editorial. Paco Baca.
