El caso de Doña Carlota pone en evidencia una profunda tensión en la manera en que la sociedad mexicana concibe la justicia. Más que un acto delictivo aislado, se trata de un episodio que revela cómo ciertos sectores de la población tienden a justificar la violencia cuando perciben que las instituciones han fallado en su función de impartir justicia. Esta percepción se inscribe en un sentimiento colectivo de hartazgo y desconfianza hacia las autoridades responsables de garantizar el acceso efectivo a la justicia.
Los hechos ocurrieron, en Chalco, Estado de México, cuando Doña Carlota, una mujer de la tercera edad, fue captada ingresando a un domicilio reclamando la propiedad del inmueble. Acompañada de sus dos hijos, amenazó con un arma de fuego y terminó accionándola, provocando la muerte de dos personas y dejando herida a una más. El caso rápidamente captó la atención pública, no solo por la crudeza del acto, sino por la edad y el perfil de la agresora.
Al indagar en los antecedentes, se supo que Doña Carlota llevaba tiempo exigiendo la devolución de la propiedad sin obtener respuesta por parte de las autoridades. Esta omisión institucional fue interpretada por muchos como una forma de abandono, y en redes sociales surgieron voces que justificaron su actuar como una expresión legítima de defensa ante un sistema inoperante. Argumentaron que, si el Estado no es capaz de hacer justicia, los ciudadanos tienen el derecho de tomarla por su cuenta
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Así, la discusión pública dejó de centrarse en el asesinato y se desplazó hacia las causas que lo motivaron. Desde una visión reducida de la justicia, el acto violento fue interpretado como una consecuencia del hartazgo social frente a la ineficacia institucional. Sin embargo, este enfoque resulta preocupante: normaliza el uso de la violencia como medio legítimo para resolver conflictos, ignorando que el asesinato de dos personas no puede ser justificado bajo ninguna circunstancia, por muy justas que parezcan las razones detrás del conflicto.
Declaraciones como la del exdiputado Arturo Santana, hijo de Doña Carlota, quien afirmó que lo sucedido fue un acto en defensa del derecho de propiedad de su hermana, o la del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ofreció apoyo legal a la mujer bajo el argumento de que “hay que establecer un precedente en este México corrupto”, refuerzan una visión preocupante: la idea de que, ante la ineficacia institucional, cualquier medio —incluso la violencia— puede considerarse legítimo para defender los derechos propios.
Este tipo de discursos no solo normalizan la justicia por mano propia, sino que contribuyen a debilitar aún más la confianza en el Estado de derecho y a erosionar los principios fundamentales de una convivencia democrática.
Este caso revela una peligrosa normalización de la violencia y la pérdida de sensibilidad frente a la muerte de dos personas. Coincide además con el creciente debate en México sobre expresiones culturales, como ciertos géneros musicales, que hacen apología de la violencia. Todo esto nos obliga a reflexionar con mayor seriedad sobre los fundamentos de la justicia y la paz.
A lo largo de la historia, pensadores y filósofos han advertido sobre los riesgos de dejar la justicia en manos de particulares. De ahí surge la noción del contrato social y del Estado como garante de los derechos, precisamente para evitar la lógica de la venganza o la justicia por propia mano. Cuando el Estado deja de cumplir esa función y pierde legitimidad, lo que se genera no es orden, sino caos. El caso de Doña Carlota ilustra lo cerca que estamos de un “estado de guerra de todos contra todos”, como advirtió Thomas Hobbes, y representa un mal precedente para una sociedad que al menos en el discurso aspira a construir la paz.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC
