La elección judicial celebrada el 1 de junio de 2025 en México marca un hito sin precedentes en la historia del país. Por primera vez, los ciudadanos votaron directamente para elegir a más de 2,600 jueces, magistrados y ministros, incluyendo a los nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidente Claudia Sheinbaum, busca democratizar el Poder Judicial y combatir la corrupción que ha afectado al sistema judicial mexicano.
Sin embargo, este proceso ha generado un intenso debate sobre su legitimidad y eficacia. Una de las principales críticas es que muchos votantes se enfrentaron a boletas con cientos de nombres desconocidos, lo que dificultó la toma de decisiones informadas. Además, se ha señalado que una gran parte de los candidatos fueron propuestos por el Ejecutivo y el Congreso dominado por Morena, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la independencia judicial.
La falta de información sobre los candidatos y la complejidad del proceso electoral llevaron a una participación ciudadana limitada. Algunos votantes expresaron su frustración por no conocer a los aspirantes y sentirse incapaces de emitir un voto consciente.
Además, se reportaron manifestaciones en contra del proceso, con ciudadanos calificando la elección como una «farsa» y expresando su preocupación por la politización del Poder Judicial.
En este contexto, la pregunta sobre si es democrático votar por candidatos desconocidos cobra relevancia. Si bien la participación ciudadana en la elección de jueces puede considerarse un avance hacia la democratización, la falta de información y transparencia en el proceso puede socavar la legitimidad de los resultados. La democracia no solo implica el derecho al voto, sino también la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas y conscientes.
En resumen, aunque la elección judicial de 2025 representa un intento de reformar y democratizar el sistema judicial mexicano, las deficiencias en la implementación del proceso plantean serias dudas sobre su eficacia y legitimidad. Es esencial que futuras reformas incluyan mecanismos que garanticen la transparencia, la información adecuada y la participación ciudadana informada para fortalecer verdaderamente la democracia en México.
