El afán reformador del actual régimen continúa avanzando, y la reforma electoral se perfila como el punto culminante de un ciclo de cambios institucionales cuyo impacto definitivo aún está por verse. No es casualidad que este sea el último gran proyecto de transformación: antes, fue necesario modificar al Poder Judicial para eliminar posibles obstáculos, tal como sucedió en el sexenio anterior, cuando dos intentos de reforma electoral impulsados por López Obrador fueron rechazados.
En esta ocasión, sin embargo, algo parece distinto. La reforma electoral que impulsa Claudia Sheinbaum no es una iniciativa más: tiene el carácter de una cruzada política, la batalla que podría definir su sexenio. Y, en política, la forma es fondo. Desde el inicio, la presidenta ha dejado claro que controlará directamente el proceso.
Para ello, creó una comisión encargada de elaborar la propuesta, integrada no por especialistas en la materia, sino por figuras de su círculo de mayor confianza, como Lázaro Cárdenas Batel, Ernestina Godoy, Arturo Zaldívar o Jesús Ramírez Cuevas. Esta elección envía un mensaje inequívoco: la mandataria quiere conducir personalmente cada etapa, incluso si ello implica sacrificar pluralismo, un valor que la oposición ha señalado como condición indispensable. Aunque Sheinbaum ha afirmado que se escucharán todas las voces, parece evidente que la de su equipo cercano tendrá un peso determinante.
Además, la presidenta ha anunciado que utilizará otros mecanismos para legitimar su propuesta, como encuestas ciudadanas en torno a temas sensibles: la reducción del financiamiento a los partidos políticos y la eliminación de legisladores electos por la vía plurinominal. Es previsible que los resultados favorezcan su postura, pues la mayoría de la población suele pronunciarse a favor de recortar recursos a los partidos y eliminar a los llamados “pluris”.
Con niveles de aprobación superiores al 70 %, la presidenta cuenta con un capital político considerable para presionar a quienes se opongan. Paralelamente, ha prometido realizar foros abiertos a todas las posturas, incluso las de la oposición. Sin embargo, existe el riesgo de que estos encuentros se conviertan en una mera simulación: espacios para escuchar, pero sin garantizar que las propuestas se incorporen al dictamen final.
No obstante, el mayor desafío para Sheinbaum podría no provenir de la oposición, sino de su propio movimiento y sus aliados políticos. Algunas voces, como la de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, han cuestionado el momento y la estrategia de la reforma, recordando que, desde 1988, las reformas electorales surgían por presión de la oposición y no desde el poder.
Monreal ha advertido sobre la complejidad de las modificaciones que se quieren proponer —reducción del presupuesto del INE, recorte a partidos y eliminación de legisladores de minorías— y sobre la necesidad de mayoría calificada, lo que requiere convencer a aliados que difícilmente aceptarán perder recursos y espacios.
La relación con estos partidos ya ha mostrado fisuras: han postergado la entrada en vigor de la ley contra el nepotismo y han evidenciado que sin sus votos Morena pierde competitividad como ocurrió en las elecciones en Durango y Veracruz. Incluso existe la posibilidad de que, en elecciones locales, decidan competir por separado o migrar a otras siglas para sortear restricciones internas, este escenario podría presentarse en Guerrero y Zacatecas.
También los partidos aliados han expresado dudas respecto a la reforma. El Partido Verde ha señalado que, antes de reducir el número de senadores y diputados plurinominales, es indispensable garantizar la equidad en la contienda. Esto implica revisar el financiamiento público a los partidos y los tiempos que se les asignan en los medios de comunicación, de modo que dichos recursos se otorguen de forma igualitaria. Una medida así supondría un cambio radical en el esquema actual de financiamiento político.
En el fondo, esta cruzada refleja la intención de la presidenta de afianzar su poder dentro del movimiento de la 4T, pero también expone una contradicción de fondo: las alianzas de Morena con partidos carentes de coincidencias programáticas reales han respondido más a la conveniencia que a la coherencia.
El verdadero riesgo para Sheinbaum es que esta reforma —concebida como su gran batalla— termine por no concretarse, no debido a la resistencia opositora, sino a la incapacidad de cohesionar a su propio bloque y de articular una operación política eficaz. Un desenlace así no solo empañaría su proyecto transformador, sino que también podría debilitarla frente al momento más decisivo de la segunda mitad de su sexenio: la sucesión presidencial.
La cruzada de Sheinbaum por la reforma electoral es una apuesta ambiciosa que busca dejar una huella en la historia política del país. Pero como toda cruzada, no basta con la convicción del líder; requiere estrategia, aliados firmes y la capacidad de integrar diferencias. El desenlace definirá no solo su legado, sino la fortaleza con la que enfrentará el tramo final de su mandato.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC
