El más reciente informe de Human Rights Watch sobre la situación de los derechos humanos en México presenta un diagnóstico preocupante: el país enfrenta simultáneamente violencia criminal persistente y abusos cometidos por autoridades. El documento no describe hechos aislados, sino un patrón. Policías, fiscales y militares continúan recurriendo a tortura, fabricación de pruebas, confesiones obtenidas bajo amenazas y detenciones arbitrarias.
Entre 2019 y 2025 se documentaron mas de tres mil actos de tortura que afectaron a más de cuatro mil personas, mientras que la eficacia del sistema penal sigue siendo muy baja: los fiscales resuelven aproximadamente uno de cada diez homicidios intencionales que investigan. En otras palabras, el problema central no es la falta de operativos ni de detenciones, sino la incapacidad del Estado para investigar correctamente y sancionar a los responsables.
El informe también advierte que diversas reformas legales recientes han ampliado la capacidad de control del Estado. La Guardia Nacional quedó bajo control militar, se ampliaron los supuestos de prisión preventiva obligatoria, se dificultó el uso del amparo frente a determinadas decisiones judiciales y se crearon registros obligatorios de identidad y telefonía con amplio acceso para las autoridades. A ello se suman cambios en la estructura del Poder Judicial que han generado dudas sobre su independencia. En conjunto, estas medidas fortalecen la capacidad coercitiva estatal, pero no corrigen el problema estructural: la debilidad de la procuración de justicia, las deficiencias de la investigación criminal y la persistencia de la impunidad.
Este diagnóstico ayuda a entender el debate mexicano sobre seguridad pública. Desde 2006, cuando el gobierno federal decidió desplegar a las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado, el país adoptó una lógica: ante policías civiles débiles o infiltradas, la respuesta sería recurrir al Ejército. En su momento se presentó como una medida extraordinaria, pero con el paso de los años se volvió permanente. La discusión ha sido constante. Por un lado, se argumenta que las instituciones militares ofrecen disciplina y capacidad operativa; por otro, se advierte que no están diseñadas para tareas de seguridad ciudadana ni para la investigación del delito.
El cambio de gobierno en 2018 no modificó el fondo de la estrategia. La creación de la Guardia Nacional se anunció como una alternativa distinta, con formación en derechos humanos. Sin embargo, la posterior transferencia de su control operativo al Ejército terminó por consolidar la participación militar en tareas de seguridad pública. Así, la militarización dejó de ser un recurso excepcional y pasó a integrarse a la estructura permanente del Estado.
Aquí aparece la contradicción central señalada por el informe. El Estado ha incrementado su capacidad para detener personas, vigilar y controlar territorio, pero no ha fortalecido en la misma medida a las fiscalías, los peritos, los ministerios públicos ni los tribunales. Se refuerza la detención, pero no la investigación. Por ello, la presencia operativa crece mientras la justicia sigue siendo débil.
Las consecuencias son visibles. Cuando las investigaciones son deficientes o se basan en confesiones obtenidas bajo presión, los casos se caen en tribunales o se castiga a personas equivocadas. Esto no reduce la violencia, porque los responsables reales permanecen libres. De ahí que el país mantenga altos niveles de homicidios pese al despliegue permanente de fuerzas de seguridad.
El escenario que se perfila es delicado. Por un lado, el crimen organizado no ha sido contenido de manera definitiva; por el otro, el Estado acumula mayores facultades de vigilancia, detención y control con contrapesos limitados. La promesa implícita es que mayores poderes para las autoridades traerán más seguridad. Sin embargo, los resultados descritos por el informe sugieren lo contrario: se debilitan garantías sin que la violencia disminuya de forma sostenida.
El riesgo es claro. Puede coexistir un crimen persistente que no logra ser desmantelado con un aparato estatal cada vez más capaz de intervenir en la vida cotidiana de los ciudadanos. En ese contexto, la seguridad deja de ser una solución efectiva y se convierte en una expectativa permanente. Lo que efectivamente se reduce no es la violencia, sino las garantías, y la población termina enfrentando simultáneamente inseguridad y vulnerabilidad. Esa es, en esencia, la advertencia que deja el informe.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC
