Maru en tres tiempos

La política mexicana parece haberse convertido en un ejercicio permanente de buscar culpables, deslindarse de responsabilidades y, como se dice coloquialmente, salvar el pellejo. La responsabilidad política, que debería ser uno de los principios fundamentales del ejercicio del poder, ha quedado relegada frente a una lógica en la que lo importante no es necesariamente esclarecer los hechos, sino evitar sus consecuencias. El caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, mejor conocida como Maru Campos, es un ejemplo de cómo los intereses políticos pueden modificar las posiciones de quienes gobiernan.

La historia de Maru Campos puede explicarse en tres tiempos: primero, la confrontación con el gobierno federal; después, el acercamiento que despertó sospechas sobre un posible acuerdo político; y finalmente, el regreso a la confrontación para intentar recuperar la credibilidad perdida. Tres momentos que no solo reflejan las contradicciones de la gobernadora, sino también las dificultades de un PAN que busca posicionarse como oposición frente a Morena.

El primer tiempo comenzó con el operativo realizado en la sierra de Chihuahua, en el que participaron agentes de la CIA y que terminó con la muerte de dos de ellos en un accidente automovilístico. El incidente provocó una crisis política cuando el gobierno federal acusó a las autoridades estatales de permitir la participación de agentes extranjeros sin informar a las instancias correspondientes. Desde el oficialismo se cuestionó una posible violación a la legislación en materia de seguridad nacional e incluso se planteó la existencia del delito de traición a la patria.

La controversia pronto se convirtió en una confrontación entre Morena y el PAN. Mientras el gobierno federal cuestionaba la actuación de las autoridades de Chihuahua, Maru Campos y su partido defendían las acciones emprendidas contra el crimen organizado. El discurso panista buscó establecer una diferencia entre quienes, desde su perspectiva, combatían a la delincuencia y un gobierno federal al que acusaban de protegerla.

Paradójicamente, el enfrentamiento terminó beneficiando a un PAN debilitado y con dificultades para construir un proyecto político alternativo. Maru Campos consiguió proyectar una imagen de firmeza frente al gobierno de Claudia Sheinbaum y se convirtió en uno de los referentes de la oposición. Sin embargo, aquella posición comenzó a debilitarse cuando la controversia pasó de las declaraciones políticas a las investigaciones judiciales.

El segundo tiempo llegó con la detención de César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua y uno de los principales colaboradores de la gobernadora, acusado de presunta traición a la patria por su participación en los hechos. La detención ocurrió semanas después de una reunión privada entre Campos y Sheinbaum, cuyos detalles inicialmente no fueron revelados. La cercanía de los acontecimientos alimentó las versiones sobre una posible negociación política.

Las sospechas aumentaron cuando Campos modificó su discurso y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades federales. La gobernadora aseguró que en su administración no se protegía ni perseguía a nadie y que la cooperación con otros países debía realizarse mediante los canales institucionales correspondientes. El problema era que estas declaraciones contrastaban con la defensa que anteriormente había realizado de las acciones de su gobierno.

La reacción no se hizo esperar. Desde distintos sectores comenzaron los cuestionamientos sobre una posible entrega política del exfiscal a cambio de inmunidad jurídica para la gobernadora. La dirigencia nacional del PAN intentó contener las críticas y negó que existiera un acuerdo para entregar Chihuahua al gobierno federal. Sin embargo, el daño político ya estaba hecho: quien había sido presentada como un ejemplo de resistencia frente a Morena ahora enfrentaba cuestionamientos sobre su disposición a negociar con el oficialismo.

El tercer tiempo comenzó cuando Maru Campos intentó recuperar la iniciativa política mediante un nuevo discurso de confrontación. Ante las críticas, cuestionó la actuación de las autoridades federales y denunció posibles motivaciones electorales detrás de la detención de Jáuregui, quien tenía aspiraciones de competir por la presidencia municipal de Chihuahua. El problema es que este nuevo posicionamiento resultaba difícil de conciliar con su anterior disposición a colaborar con las investigaciones.

El episodio terminó por exhibir las contradicciones de una gobernadora que primero defendió a su administración frente al gobierno federal, después respaldó la colaboración institucional que acompañó la detención de su exfiscal y finalmente volvió a cuestionar la actuación de las autoridades federales. Tres posiciones distintas frente a una misma crisis, sin que hasta ahora exista una explicación suficientemente clara sobre las razones de estos cambios.

Pero el problema trasciende a Maru Campos. El caso también pone en evidencia las dificultades de un PAN que naufraga ante la ausencia de un proyecto político capaz de ofrecer una alternativa al oficialismo y cuyos liderazgos parecen cada vez más dispuestos a negociar para preservar sus propios intereses. Al mismo tiempo, deja una preocupación todavía mayor: la posibilidad de que la justicia termine subordinada a los acuerdos políticos y no a la aplicación efectiva de la ley.