Venezuela lleva años viviendo algo que el mundo observa desde lejos: hambre, miedo, migración forzada y un régimen que convirtió al Estado en amenaza. Ese dolor no es abstracto ni reciente. Tiene cuerpo, memoria y exilio. Por eso, para muchos venezolanos, la caída de Nicolás Maduro se siente como un alivio largamente esperado. Entender esa celebración no solo es legítimo: es humano. Negarla sería insensible.
Pero incluso en medio de tantos años de sufrimiento, es urgente detenerse a entender qué significa realmente lo ocurrido. No solo lo que promete, sino lo que inaugura. Porque la captura de un jefe de Estado por una potencia extranjera no es un hecho menor ni aislado: es una invasión que redefine reglas, normaliza atajos y deja precedentes que van mucho más allá de Venezuela.
La pregunta incómoda no es si Maduro debía irse. Para millones, esa respuesta es clara. La pregunta es otra: ¿quién decide cuándo un presidente deja de ser soberano?
Durante décadas, el derecho internacional intentó sostener una idea imperfecta pero necesaria: que la legalidad, los procesos multilaterales y los tribunales debían estar por encima de la fuerza. Hoy, ese principio vuelve a estorbar. Cuando la legalidad incomoda, el poder ejecuta. Y lo hace envuelto en un discurso conocido: el de “liberar pueblos”.
Nada de esto es nuevo. Estados Unidos ha intervenido antes bajo la misma lógica: Irak, en nombre de armas que nunca existieron; Libia, bajo el argumento humanitario; Afganistán, prometiendo democracia; hoy Gaza lo vive con el derecho humanitario reducido a estorbo. Cambian los escenarios, no la estructura. Intervenir primero, justificar después. Trump no inaugura esta lógica: la exhibe sin pudor.
Venezuela, además, no es solo un país en crisis política. Es el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Pensar que ese dato es irrelevante sería ignorar décadas de historia internacional. Los recursos estratégicos no explican todo, pero nunca han sido neutrales. La coincidencia entre crisis políticas e intereses energéticos no es casualidad: es patrón.
Nada de esto blanquea al régimen venezolano. Nombrar su crueldad no es propaganda: es memoria. El hambre, la represión y el exilio no desaparecen porque hoy se critique la forma en que terminó el poder. Pero que un régimen sea brutal no convierte cualquier método en justo. La fuerza puede ser eficaz, pero no por eso es justicia.
Hablar del pasado es necesario, pero no suficiente. La pregunta urgente es qué significa esto para América Latina y el Caribe hoy y hacia adelante. Porque cuando una invasión se normaliza bajo el lenguaje de la liberación, lo que queda no es solo un cambio de gobierno, sino un mensaje regional: la soberanía es condicional.
También es necesario decirlo sin rodeos: Estados Unidos no es el salvador de América Latina ni del Caribe. Nunca lo ha sido. Su intervención no responde a una vocación altruista, sino a intereses estratégicos que la región conoce bien. Confundir poder con justicia ha sido uno de los errores más costosos de nuestra historia. Ningún país se libera cuando las decisiones sobre su futuro se toman fuera de sus fronteras, ni cuando la soberanía se vuelve condicional a la conveniencia de una potencia.
La celebración es comprensible. El alivio también. Pero entender lo que realmente significa esta invasión no es quitarle valor al dolor venezolano: es negarse a que ese dolor sea usado como coartada. Porque cuando la fuerza sustituye a la legalidad, incluso las victorias dejan preguntas que no se celebran. Y hoy, esas preguntas no son solo de Venezuela: son el espejo incómodo de toda América Latina y el Caribe.
Ingrid Trejo Juárez Colaboradora de Integridad Ciudadana, estudiante de Relaciones Internacionales por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. @ingriddtrejoo @Integridad_AC
