El 2025 está siendo un año realmente difícil para los mexicanos, por la incertidumbre económica que es el pan nuestro de cada día. Esto se debe no solo a cuestiones externas; como la guerra de aranceles iniciada por Trump, la pausa de las inversiones extranjeras en nuestro país, que buscan relocalizarse en el país vecino para evitar pérdidas e incrementos en sus costos, como lo anunció Honda en días pasados; sino también a los compromisos adquiridos con los programas sociales de la administración anterior.
Ante la latente recesión y de manera independiente a lo planteado en el Plan México; cuyo objetivo es el desarrollo económico equitativo y sustentable; es necesario que el gobierno analice los resultados de los programas sociales de gran magnitud heredados de la administración anterior. Debe hacerse con una visión estratégica que determine el costo-beneficio de cada programa, así como la rentabilidad financiera de las empresas del Estado y su repercusión en la economía nacional.
La situación que se vive no es alentadora, lo que hace de suma importancia quitar presión a la economía, al mismo tiempo que se impulsa su reactivación. Esto solo será posible si se realiza de forma urgente una revisión de las políticas públicas y del ejercicio del gasto, que permita redirigirlo ante el panorama económico que se presente en este 2025.
La presidenta y su equipo de trabajo tienen en sus manos el poder de determinar qué futuro se va a construir ante la crisis que se está generando, bajo dos escenarios complejos: el primero es continuar con la visión paternalista y estatista de la administración anterior, donde cada peso que se gasta va a un barril sin fondo, pero genera rentabilidad política; o el segundo, hacer una reingeniería dentro de los programas sociales, otorgándolos conforme a las necesidades reales y con metas claras que permitan realmente incidir en la condición humana de los beneficiarios, evaluándolos continuamente y redirigiendo las acciones conforme a sus logros y avances.
Asimismo, es necesario tomar una decisión difícil pero necesaria: evaluar los resultados de las empresas del Estado y crear un modelo de inversión público-privada que permita disminuir los riesgos, elevar la viabilidad financiera y reducir el costo de las mismas al erario público, repercutiendo de forma directa en las metas y objetivos de su proyecto de nación.
Por increíble que les parezca a muchos, el Plan México, en su primer borrador, plantea un proyecto económico-social muy distinto al que observamos en la administración anterior y más armonizado con la realidad de cada sector productivo. Tiene una visión clara de que la inversión destinada a la infraestructura productiva generará riqueza de forma proporcional, conforme al ciclo económico, detonando el empleo mejor remunerado e ingresos de forma transversal. La tarea no será fácil, pero es realizable si se unifican fuerzas con un objetivo claro: México.
Que la política del presidente Trump sea el hilo conductor que permita la integración de los proyectos nacionales con el acuerdo generalizado de un ganar-ganar, donde los puntos de coincidencia se fortalezcan y los desacuerdos se medien, siendo los beneficiarios de estos acuerdos los ciudadanos que les dimos un mandato para ejercer a favor de México.
Que no se olvide que las decisiones que se tomen en estos momentos repercutirán en las siguientes décadas, incidiendo en el desarrollo integral de las generaciones futuras, por lo que México necesita que las decisiones se tomen con una visión clara, audaz y cohesionada con todos los actores políticos y de los diferentes sectores, que permita el desarrollo capaz de enfrentar los retos que se presentan.
La historia no espera, se escribe a diario y resuena en el tiempo. El futuro de México se está conformando y está en nuestras manos.
Javier Agustín Contreras Rosales. Colaborador de Integridad Ciudadana AC, Contador Público, Maestro en Administración Pública @JavierAgustinCo @Integridad_AC
