El regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa fue anunciado por el propio mandatario a través de un video difundido en sus redes sociales: “Asumo nuevamente la responsabilidad de gobernar y trabajar por Sinaloa y su gente, como lo he hecho siempre, con el compromiso de sacar adelante a nuestro estado”. Y remató: “Aquí estoy. Y vamos a seguir gobernando con firmeza y entrega por nuestra tierra, por Sinaloa”.
El caso Rocha se ha convertido en una contradicción para Morena y para el gobierno de Claudia Sheinbaum: mientras desde la Presidencia se ha insistido en que no existen elementos para responsabilizar al gobernador, dentro del propio movimiento surgen voces que consideran políticamente insostenible su permanencia en el cargo.
La reacción dentro de Morena permite dimensionarla. Diversas voces del movimiento se han deslindado de la decisión del gobernador. Desde la Secretaría de Gobernación se ha señalado que su regreso constituye una determinación personal. Gobernadores emanados de Morena han cuestionado la decisión bajo el argumento de que ninguna determinación individual puede colocarse por encima del mandato ciudadano ni del proyecto colectivo, e incluso han hecho llamados a la responsabilidad política.
Las críticas también han llegado desde personajes cercanos a la presidenta. Alfonso Ramírez Cuéllar ha vuelto a cuestionar la figura del fuero, al considerarla una protección que puede favorecer la impunidad. Por su parte, Ricardo Monreal ha recomendado a Rocha reconsiderar su regreso y mantener la licencia mientras la Fiscalía General de la República concluye las investigaciones, señalando además el costo político que el episodio puede representar para la imagen presidencial.
Durante meses, la presidenta Sheinbaum ha sostenido que no existen pruebas que acrediten la participación de Rocha Moya en algún delito. El propio gobernador ha insistido en que es ajeno a las acusaciones y se ha declarado inocente. Bajo esa lógica, su regreso al gobierno tendría una explicación sencilla: si no existen elementos en su contra, ¿por qué tendría que mantenerse separado del cargo?
Sin embargo, si esa premisa fuera suficiente, resultaría difícil explicar por qué figuras relevantes del propio morenismo consideran inconveniente su regreso. Si Morena está convencido de su inocencia, ¿por qué le pide que se aparte del poder? Y si considera necesario que permanezca separado mientras concluyen las investigaciones, ¿por qué durante meses la estrategia política consistió en respaldarlo prácticamente sin reservas?
El caso comienza a revelar una diferencia entre la inocencia jurídica que se proclama desde el discurso oficial y la responsabilidad política que integrantes de Morena parecen reconocer. Una persona puede no haber sido declarada responsable penalmente y, al mismo tiempo, enfrentar circunstancias que hagan cuestionable su permanencia en una posición de poder mientras se desarrollan investigaciones relacionadas con su entorno.
También queda expuesta otra contradicción. Frente a los señalamientos provenientes de Estados Unidos, una parte de la estrategia del oficialismo ha consistido en denunciar posibles actos de injerencismo y defender la soberanía nacional. Es una posición legítima cuando se trata de evitar que otro país determine unilateralmente responsabilidades dentro de México. Pero ese argumento solo puede sostenerse plenamente si las instituciones mexicanas son capaces de investigar con independencia, transparencia y credibilidad.
La soberanía no puede convertirse en sinónimo de impunidad, de la misma manera que una acusación proveniente de Estados Unidos tampoco puede sustituir una investigación y un debido proceso en México.
Por eso, el verdadero problema del caso Rocha ya no consiste únicamente en determinar si regresará, solicitará nuevamente licencia o eventualmente dejará el cargo. Incluso una renuncia en los próximos días difícilmente eliminaría las dudas acumuladas. El problema de fondo es la confianza en las instituciones encargadas de esclarecer los hechos.
El caso coloca al gobierno y a Morena frente a una disyuntiva que ellos mismos han contribuido a construir: defender a Rocha implica asumir el costo político de sostener a un gobernador cuestionado; pedirle que se retire supone reconocer que las dudas son suficientemente graves como para impedir que ejerza el poder mientras se esclarecen los hechos.
Por eso el regreso de Rubén Rocha Moya es mucho más que una decisión personal. Es una prueba para el discurso de Morena, para la estrategia de Claudia Sheinbaum y, sobre todo, para un sistema de justicia que necesita demostrar que puede investigar al poder sin convertirse en instrumento de quienes lo ejercen.
Al final, la mayor contradicción no está solamente en Rocha. Está en un movimiento que durante meses sostuvo que no había razones para apartarlo y que ahora, cuando decide regresar, parece descubrir que sí existen razones políticas suficientes para pedirle que se vaya.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC
