La terca realidad contradice la narrativa oficial. Según las autoridades, somos autosuficientes en la atención especializada para la población mexicana e incluso se justificó el arribo de médicos cubanos con el pretexto de que a los doctores nacionales no les interesaban las plazas en el sector salud; más aún, se cuestionó el sistema de las universidades privadas que imparten la carrera de medicina y de enfermería porque convertían a los estudiantes en mercenarios de su profesión, encarecían la atención médico-hospitalaria y hacían elitista el acceso a la salud. También las instituciones públicas de educación superior salieron raspadas con el discurso político ante la demanda de más campos clínicos para ejercer las especialidades; el argumento era lo contrario, al haber más galenos especializados, se abarata la profesión. Alentaron a las parteras y desdeñaron a los gineco obstetras.
El burocratismo, la corrupción, la inexperiencia y la opacidad de funcionarios del sector salud, encargados de otorgar las Opiniones Técnicas Administrativas (OTA), para después tramitar los RVOEs ante la SEP, impiden que las universidades privadas impartan no solo las carreras de medicina y enfermería, sino preparar a los doctores en las casi 30 especialidades que hasta el momento hay en el ámbito de la salud. Las universidades públicas también sufren el burocratismo y los intereses políticos que impiden la creación de más campos clínicos para impartir las especialidades. Tanto en Salud como en Educación Pública se han cerrado las puertas a las organizaciones educativas que buscan formar y certificar a los cirujanos especialistas que demandan más de 134 millones de mexicanos.
La terca realidad demuestra que estamos lejos de brindar el derecho a la salud de calidad para todos los compatriotas y que la corrupción, los intereses personales y políticos, la inexperiencia en la administración pública y la opacidad que existe en la Dirección General de Educación en Salud -de la Secretaría de Salud-, y en la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) – con la participación de la SEP-, propician actos de corrupción y extorsión a rectores de universidades privadas al realizar los trámites o solicitudes. Denuncian formalmente a la doctora Magdalena Delgado Bernal, subordinada de la directora general Laura Cortés Sanabria, quien además de retrasar los dictámenes técnicos, mantiene como espada de Damocles la autorización o negativa de las OTAs sin motivar o fundamentar el rechazo y “condiciona” el fallo favorable a cambio de dinero. Así lo manifestó ante las autoridades el apoderado legal del Instituto de Ciencias Médicas, Sociales y Humanidades de México, quien dio a conocer una llamada de extorsión por un millón doscientos mil pesos para recibir la aprobación de su trámite, de lo contrario sería rechazada la solicitud, independientemente de la integración correcta del expediente.
Actualmente solo hay 120 mil especialistas en todo el país y un déficit de más de cien mil enfermeras para atender las necesidades de los pacientes. Hoy se requieren médicos con especialidad y subespecialidad en Anatomía Patológica, Anestesiología Pediátrica, Medicina del Dolor, Neuroanestesiología, Cardiología Intervencionista, Cirugía Vascular y Angiología, Neurocirugía, Cirugía Oncológica, Dermatología, Endocirugía, Genética Médica, Biología de la Reproducción Humana, Infectología, Medicina Interna y de Urgencias, Neurología, Ortopedia y Traumatología, Psiquiatría, Urología y Reumatología, entre otras especialidades.
Nadie puede creer que sin suficientes médicos especializados ni infraestructura necesaria se puede contar con un sistema sanitario que garantice el derecho a la salud de calidad.
Apostilla: Posponer casos delicados de lo familiar y no resolver conforme a derecho en favor de menores de edad, puede convertirse en práctica común en Juzgados de Tlalnepantla, al trasladar a otros jueces expedientes que llevan mucho tiempo en litigio, en detrimento del bienestar de hijos e hijas de familia inmersos en la separación de sus padres. Son varias las voces de abogados que han llevado toda su vida asuntos del orden de lo familiar -rama del Derecho muy delicada y de urgente resolución-, quienes denuncian que los titulares de los Juzgados de lo Familiar han caído en prácticas dilatorias muy similares, tanto en la CDMX como del Estado de México, en particular en el distrito judicial de Tlalnepantla.
Estos abogados coinciden en señalar la recurrente práctica de posponer los casos y, con diversas argucias, no resolverlos para pasarlos a otro togado en una actitud “escapista”, y extender los tiempos legales, con lo que, al final, los hijos de familia involucrados quedan en una indefinición legal y se pone su vida en completa incertidumbre, tanto en lo material como psicológico.
Atribuyen esta práctica dilatoria al Juez segundo Familiar de Tlalnepantla, Humberto García Villegas, quien lejos de dictaminar la resolución de casos de familias que llevan años en litigio, los traslada a otros colegas, lo que afecta la vida y el desarrollo óptimo de menores de edad. En la mayoría de las ocasiones, donde hay infantes y adolescentes involucrados, la justicia debiera ser expedita e impartida en los plazos y términos que dicta la Ley; por ello, juzgadores como García Villegas, que pareciera no comulga con esos preceptos, busca evadir su obligación de impartir justicia, después de retardar varios meses diversos expedientes. Los tribunales deben garantizar la verdadera administración de justicia y están obligados a impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes y emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
En la próxima entrega, comentaremos el libro “Seguridad Nacional: enfoques para enfrentar riesgos” de Eduardo Vázquez Rossain, quien advierte sobre la posible infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales en las elecciones de 2027. La obra es prologada por la ex consejera política de la Casa Blanca, Ana María Salazar.
Octavio Campos es un periodista con una larga trayectoria profesional en diversos medios y con cargos públicos que le han permitido estar en los lugares correctos para ejercer su profesión de comunicador.
