Durante más de dos décadas, el Instituto Nacional Electoral (INE) fue considerado uno de los pilares institucionales de la democracia mexicana, símbolo de autonomía, legalidad y organización técnica de los comicios. Sin embargo, la elección judicial del 1 de junio de 2025 marcó un punto de quiebre en su historia. Lo que antes era garantía de certeza, hoy genera dudas; lo que fue símbolo de fortaleza institucional, ahora evidencia grietas profundas
Uno de los episodios más controvertidos en esta nueva etapa institucional se vivió tras la elección judicial del 1 de junio de 2025, particularmente en lo que respecta al proceso para integrar la nueva Corte de Justicia de la Nación. Cinco de los once consejeros del INE votaron en contra de declarar la validez de la elección, argumentando que las irregularidades detectadas eran suficientemente graves como para cuestionar la legitimidad de los resultados.
Entre dichas anomalías se señalaron el relleno de urnas, boletas planchadas (sin doblar), superávit de votos respecto al número de votantes, casillas con el 100% de los votos a favor de los mismos candidatos, patrones de caligrafía idénticos en múltiples boletas y participación imposible de lograr por simple cálculo de tiempo. Estas inconsistencias llevaron a la anulación de los resultados en al menos 818 casillas.
La posición crítica de estos consejeros contrastó abiertamente con la defensa férrea de la presidenta del Instituto, quien argumentó que no se debía poner en duda la integridad de todo el proceso por un número reducido de casillas: “No admito que por 818 casillas, contra más de 80 mil, se ponga en duda ni la limpieza ni la responsabilidad del INE; aceptémoslo, colegas, tuvimos un proceso electoral excelente.”
El consejero, Martín Faz, que votó por no validar el proceso añadió que el fenómeno de los «acordeones» (listas impresas de candidatos para orientar el voto) tuvo un impacto significativo en la votación: el 23% de las boletas coincidieron al 100% con estos acordeones, y el 61% replicó al menos seis de los nueve nombres que aparecían en ellos.
Pese a la gravedad de los señalamientos, seis consejeros votaron por validar la elección, sosteniendo que el INE no cuenta con facultades legales para declarar la invalidez de los comicios, aun en presencia de irregularidades. Este argumento legalista permitió cerrar formalmente el proceso, pero dejó abiertas múltiples heridas institucionales.
El capítulo culmina con más sombras que certezas. Minimizar las prácticas irregulares con el argumento de su baja incidencia numérica puede sentar un precedente riesgoso: tolerar lo mínimo hoy puede normalizar lo inaceptable mañana. Por otro lado, si el uso de acordeones y otras maniobras operativas formó parte de una estrategia orquestada desde el poder, entonces el país se encuentra ante un fenómeno de captura institucional, frente al cual el INE ha quedado rebasado.
La fractura del INE no se limita a una elección impugnada ni a diferencias entre sus consejeros. Es una señal clara de un proceso más amplio de debilitamiento institucional que pone en riesgo el corazón del sistema democrático: la confianza ciudadana en que el voto cuenta y se cuenta bien. Minimizar las anomalías detectadas, normalizar la intervención política en órganos autónomos y apelar a justificaciones meramente legales frente a evidencias materiales son prácticas que erosionan la legitimidad de cualquier proceso electoral.
Si el INE ha dejado de ser garante de elecciones auténticas, el costo no solo será institucional, sino histórico. El juicio del tiempo no recaerá únicamente sobre quienes votaron a favor o en contra de validar una elección, sino sobre una generación política que permitió que uno de los últimos bastiones democráticos del país se fracturara desde dentro.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A.C @ivarrcor @integridad_AC
