La acusación presentada en una Corte de Nueva York en contra del gobernador de Sinaloa, un senador y otros funcionarios ha generado una fuerte tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos y, al mismo tiempo, ha reavivado un debate central sobre la vulnerabilidad de las instituciones electorales frente al crimen organizado. En este contexto, los señalamientos contra Rubén Rocha, en el sentido de que habría pactado con grupos criminales para ganar la elección, no sólo configuran un episodio de alta gravedad política, sino que obligan a cuestionar la capacidad del Estado mexicano para garantizar procesos electorales libres y auténticos.
En efecto, uno de los primeros elementos que llama la atención es la inacción institucional, ya que, pese a la existencia de múltiples indicios, prácticamente ninguna autoridad electoral o política emitió alertas oportunas. Por el contrario, fueron los medios de comunicación quienes documentaron los hechos antes y después de la jornada electoral. Así, investigaciones periodísticas —como las difundidas por Ríodoce y por la periodista Anabel Hernández— señalaron la intervención del grupo de “Los Chapitos” a favor de una candidatura de Morena al gobierno de Sinaloa, además de reportar la privación ilegal de la libertad de representantes electorales y candidatos de la coalición opositora.
La empresa consultora Integralia registró en el país 239 incidentes de violencia política durante el proceso electoral 2020-2021, con un saldo de 179 víctimas mortales, lo cual evidencia un patrón sistemático de violencia que impactó directamente en la competencia democrática. En este sentido, los hechos ocurridos la noche del 5 de junio en Sinaloa —amenazas, agresiones, robo de urnas y secuestro de operadores políticos— muestran con claridad la capacidad operativa del crimen organizado para incidir en los resultados electorales. Esta situación incluso fue reconocida indirectamente cuando el candidato opositor, al aceptar su derrota, solicitó públicamente la liberación de representantes de casilla retenidos por grupos criminales.
Sin embargo, frente a este escenario, la respuesta de las autoridades resulta particularmente problemática. Mientras el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó los hechos al afirmar que “la gente se portó muy bien, los que pertenecen a la delincuencia organizada en general bien, muy pocos actos de violencia de estos grupos”, esta postura evidencia una reducción de la gravedad del problema, cuando su responsabilidad como jefe de Estado implicaba, por el contrario, promover una investigación exhaustiva.
Por su parte, las autoridades electorales justificaron su falta de actuación en la ausencia de denuncias formales. En conjunto, ambas respuestas ponen en evidencia un diseño institucional excesivamente reactivo, que limita la capacidad de intervención incluso cuando existen indicios públicos y consistentes de irregularidades graves.
De esta manera, se configura una paradoja preocupante: por un lado, existen evidencias documentadas de intervención criminal en el proceso electoral; por otro, las instituciones responsables de garantizar la legalidad se ven atadas a procedimientos que impiden actuar de oficio. Esto lleva a una pregunta fundamental: ¿cómo es posible exigir denuncias formales a actores que han sido amenazados o privados de su libertad por organizaciones criminales? La respuesta apunta hacia una debilidad estructural del Estado mexicano, donde las instituciones no sólo carecen de capacidades suficientes para investigar, sino que además operan bajo incentivos políticos que favorecen la negación o minimización de los problemas.
En consecuencia, cuando las acusaciones surgen desde el exterior y colocan bajo escrutinio a actores políticos nacionales, la reacción del gobierno federal se centra en exigir pruebas, cuando en realidad la pregunta clave debería ser por qué no se realizaron investigaciones internas oportunas y exhaustivas. En última instancia, lo que este caso revela es un problema más profundo: la fragilidad del Estado de derecho y la incapacidad institucional para blindar el sistema electoral frente a la injerencia del crimen organizado.
Por ello, más allá de la defensa de la soberanía nacional, resulta indispensable cuestionar si el Estado mexicano ha hecho lo suficiente para garantizar la integridad de sus procesos democráticos o si, por el contrario, persiste un entorno de impunidad que permite a actores ilegales influir en la vida política. Así, lo que está verdaderamente en juego no es sólo la responsabilidad individual de determinados funcionarios, sino la credibilidad misma del sistema electoral y la voluntad del gobierno para enfrentar, con seriedad y profundidad, una problemática que amenaza los fundamentos de la democracia en México.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC
