Editorial
Paco Baca.
La reforma a la Ley de Amparo, presentada como un avance hacia la eficiencia judicial, es en realidad una operación quirúrgica para desactivar los contrapesos institucionales. Bajo el discurso de “agilizar procesos” y “democratizar la justicia”, se ha introducido una arquitectura legal que favorece la concentración de poder en el Ejecutivo y debilita la independencia judicial.
La prohibición de suspensiones generales impide que los jueces detengan la aplicación de leyes cuestionadas, incluso cuando su constitucionalidad está en duda. Esto convierte al juicio de amparo en un trámite sin dientes, donde el ciudadano queda expuesto a normas que podrían violar sus derechos, sin posibilidad de defensa preventiva.
Pero el golpe más profundo no está en los procedimientos, sino en las personas. La elección de jueces por voto popular, lejos de fortalecer la participación ciudadana, abre la puerta a perfiles improvisados, sin formación jurídica sólida, seleccionados por simpatía política y no por mérito profesional. Jueces a modo, formados con “acordeones” y no con trayectoria, serán los encargados de interpretar la ley. ¿Qué justicia puede esperarse de quienes no conocen sus fundamentos?
La creación del Tribunal de Disciplina Judicial, bajo supervisión del Ejecutivo, refuerza esta lógica de control. No se trata de rendición de cuentas, sino de alineación ideológica. Los tribunales ya no serán espacios de deliberación jurídica, sino extensiones del poder político.
Estamos ante una justicia selectiva, donde los derechos se aplican según conveniencia, y los jueces responden a intereses ajenos a la ley. La SCJN, reducida en número, también pierde capacidad de deliberación y pluralidad. El sistema judicial se convierte así en un instrumento de gobernabilidad, no de legalidad.
Como sociedad, el contrapeso debe construirse desde las cámaras legislativas. Es urgente que los representantes mantengan su autonomía, fiscalicen estas reformas y defiendan el principio de división de poderes. La ciudadanía debe exigir perfiles preparados, procesos transparentes y una justicia que no se acomode al poder, sino que lo limite.
La justicia no puede ser una carta del menú político. No se elige al gusto del comensal en turno. Se construye con rigor, independencia y vocación pública. Y hoy, más que nunca, debemos defenderla.
Editorial y cartón editorial. Paco Baca.
