Más mujeres en el poder con poder

El 17 de octubre se cumplieron 73 años de la promulgación de la reforma constitucional que dotó de ciudadanía plena a las mujeres mexicanas. La lucha histórica por la consolidación de los derechos políticos de las mujeres data de 1953, cuando un grupo de zacatecanas exigía su reconocimiento como ciudadanas, mismo que fue negado. En 1916 se celebró el Primer Congreso Feminista, donde cientos de mujeres se reunieron para exigir derechos no sólo políticos, sino sociales y económicos. Siendo Yucatán en 1922 la primera entidad en reconocer los derechos políticos de las mujeres, para que un año más tarde la entidad tuviera las primeras mujeres electas, aunque no pudieran ejercer su cargo. En el reconocimiento de estos derechos siguieron estados como San Luis Potosí, Tabasco, Chiapas, Puebla y Sinaloa.

A nivel nacional fue hasta 1947 cuando, de manera parcial, se otorgaron derechos políticos a nivel municipal, para que finalmente en 1953 se reconociera a las mujeres como ciudadanas y, con ello, sus derechos a votar y ser votadas.

Durante estas siete décadas del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres se han implementado reformas y acciones afirmativas con el fin de garantizar la participación efectiva de las mujeres en los espacios públicos, tales como las llamadas «cuotas de género» en el poder legislativo. Por ejemplo, en 1996 sólo el 30% de las candidaturas eran para mujeres. Fue hasta 2014 cuando se aprobó el principio de paridad, 50% hombres y 50% mujeres, y en 2019 este principio paritario se extendió a los tres poderes, en los tres órdenes de gobierno, y a los organismos autónomos.

Gracias a estos avances legislativos, las mujeres han ido ganando terreno en el ámbito público. Hoy podemos presumir que México cuenta con su primera mujer presidenta de la República, con 13 gobernadoras en funciones y con congresos paritarios. Sin embargo, aún persiste una deuda en el ejercicio del poder, sobre todo en los ámbitos legislativo y municipal, donde aún no puede cumplirse el principio paritario.

En el Poder Legislativo, las mujeres han sido excluidas de los órganos de gobierno más importantes, como son la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y las comisiones de relevancia. Actualmente sólo hay una mujer coordinadora en la Jucopo, de los seis grupos parlamentarios, y las comisiones de Hacienda o de Puntos Constitucionales siguen siendo presididas por hombres. Si analizamos la misma información a nivel local, el comportamiento se repite. Es decir, las mujeres están llegando a cargos públicos, pero no están ejerciendo espacios de poder.

A nivel municipal las cifras no son nada alentadoras. De acuerdo con datos publicados por el Inegi, al cierre de 2024, de 2,433 personas que presidieron un municipio, 1,821 eran hombres y sólo 605 eran mujeres: apenas el 24.9% de los municipios de México es gobernado por mujeres. Preocupa que, de acuerdo con datos del INE, en 2022 el porcentaje de mujeres era mayor, tres puntos arriba.

Las cifras demuestran que, a pesar de que los partidos políticos están postulando 50/50, las mujeres no están llegando a las presidencias municipales. Las razones principales son que las están mandando de candidatas a donde no hay posibilidades reales de ganar, la falta de equidad en la contienda y que los partidos no le están apostando al liderazgo de mujeres.

El próximo año se renovarán más de 1,800 presidencias municipales en todo el país. Es una oportunidad, tanto para los partidos políticos como para las instituciones, de garantizar medidas afirmativas para la paridad sustantiva.

En este sentido, reconozco a los Oples de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Chiapas y Morelos, quienes han dado un paso a favor de las mujeres al dictar medidas afirmativas para garantizar el principio de paridad en el registro de candidaturas y reservar candidaturas exclusivamente para mujeres en los municipios donde históricamente no han sido gobernados por mujeres. A nivel de gubernaturas está demostrado que, entre más mujeres aparezcan en las boletas, más posibilidades hay de que una mujer llegue al gobierno.

Lamentablemente, quien impugna no entiende lo que es una medida afirmativa y, peor aún, quien dictamina no lo está haciendo con perspectiva de género. Es evidente que los partidos políticos no están dispuestos a ir más allá de lo que les obliga la ley: en el discurso son los más feministas, pero cuando se trata del principio de progresividad de los derechos de las mujeres, se da un paso atrás.

Quienes estamos a favor de la paridad no estamos en contra de los derechos de los hombres. Le apostamos a ésta como una acción para transitar a una sociedad más equitativa, en la que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades para llegar a una verdadera igualdad sustantiva. Cuando eso suceda, como sociedad habremos triunfado.

Viviana Islas Mendoza es colaboradora de Integridad Ciudadana, consejera local del INE en el Estado de México, funcionaria en la administración pública municipal y politóloga por la UAM, con estudios de posgrado en políticas públicas y derecho parlamentario. @VivianaIslasM @Integridad_AC