Editorial por Paco Baca.
La Fiscalía General de la República vuelve a demostrar que la incompetencia también puede ser institucionalizada. Medio año tuvieron bajo custodia a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, y no supieron que era el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos. Medio año de “peritajes” y “carpetas” para descubrir lo que cualquier manual de seguridad debería haber resuelto en días.
El resultado: entregaron al vecino del norte no solo a un delincuente, sino al testigo clave de un episodio que sacude la historia del narcotráfico mexicano. Y lo hicieron con la misma naturalidad con la que se firma un oficio burocrático, sin saber quién era ni lo que representaba.
La presidenta Claudia Sheinbaum, fiel al guion de la “desinformación oficial”, reconoció que nadie sabía nada. El gabinete de seguridad, ese consejo que presume análisis exhaustivos, terminó por enviar a Estados Unidos a un personaje que podría desnudar las entrañas del Cártel de Sinaloa y de las propias instituciones mexicanas.
La ironía es brutal: mientras se presume “protección a la población y seguridad nacional”, se expulsa al testigo que podría haber revelado cómo se negocian las rutas del poder entre cárteles y gobierno. El caso de El Jando no es un error aislado, es la radiografía de un Estado que tropieza con sus propias torpezas y que, en lugar de justicia, exporta sus pifias.
