Durante los últimos meses, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó una reforma electoral que, al final, no logró cumplir con los objetivos originalmente planteados. Ni la reducción del financiamiento a los partidos políticos ni la disminución del número de escaños en el Congreso se concretaron, lo que evidenció sus límites políticos.
Sin embargo, el problema central en materia electoral ya no radica en los recursos, sino en la integridad del sistema. La solicitud de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya ha obligado al régimen a enviar señales hacia el exterior para mostrar su disposición a contener la infiltración del crimen organizado en la política. No obstante, dichas señales resultan claramente insuficientes frente a la magnitud y profundidad del problema.
En este contexto surge una iniciativa que, según Claudia Sheinbaum, busca atender la infiltración del crimen organizado en los municipios, en el caso de las gubernaturas, la presidenta no identifica riesgos. Durante la explicación de la propuesta, recurrió además a ejemplos selectivos, al destacar casos como Teuchitlán, gobernado por Movimiento Ciudadano, y omitir la filiación política de otros municipios, como Tequila, gobernado por Morena, ambos en el estado de Jalisco.
La iniciativa plantea que el Instituto Nacional Electoral (INE) integre una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, conformada por cinco consejeros del Consejo General. Este órgano trabajaría en coordinación con instancias como el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el objetivo de revisar los perfiles de aspirantes y detectar posibles vínculos con el crimen organizado.
En términos operativos, los partidos políticos entregarían de manera voluntaria sus listas de aspirantes a esta comisión, la cual evaluaría si existe un “riesgo razonable” en cada caso. No obstante, la decisión final de registrar o no a los candidatos recaería en los propios partidos, lo que introduce un margen importante de discrecionalidad.
Este diseño institucional presenta varios problemas relevantes. En primer lugar, la iniciativa no surge de un proceso de consenso ni incorpora un diálogo amplio con expertos o actores políticos. Por el contrario, reproduce una lógica unilateral que refuerza la percepción de que las reformas responden más a intereses del grupo en el poder que a una estrategia integral de política pública.
En segundo lugar, existen importantes indefiniciones operativas. No queda claro en qué momento del proceso electoral se llevarían a cabo las investigaciones —si en la etapa de precampañas o en las campañas—, ni si el INE cuenta con la capacidad técnica y presupuestal para asumir esta nueva función, especialmente en un contexto de recortes presupuestales. Además, si el objetivo es combatir la infiltración del crimen organizado en el ámbito municipal, resultaría más lógico fortalecer a los organismos electorales locales en lugar de centralizar la función.
En tercer lugar, la propuesta implica una reconfiguración problemática del sistema institucional. Al asignar al INE funciones de investigación que corresponden al las de un Ministerio Público, se desdibuja la división de competencias y se desplaza a instancias especializadas, como la fiscalía en delitos electorales. Esto no solo genera duplicidades, sino que también puede debilitar la eficacia del sistema en su conjunto.
A ello se suma un alto grado de discrecionalidad. La voluntariedad en la entrega de listas por parte de los partidos abre la puerta a un uso político del mecanismo, donde algunos actores podrían ser exhibidos públicamente mientras otros evaden el escrutinio. Más aún, incluso si la comisión identifica riesgos, la decisión final sigue en manos de los partidos, lo que limita el impacto real de la medida. Esta situación se agrava por la percepción de falta de imparcialidad en el Consejo General del INE, lo que podría erosionar la confianza de la oposición en el proceso.
Finalmente, desde una perspectiva jurídica, la iniciativa enfrenta un obstáculo central: el principio de presunción de inocencia. La sola sospecha —aun respaldada por información de inteligencia financiera o de seguridad— difícilmente sería suficiente para negar una candidatura sin que ello derive en litigios. En un sistema garantista como el mexicano, es altamente probable que los tribunales reviertan decisiones basadas en criterios ambiguos como el “riesgo razonable”, especialmente si se consideran los derechos político-electorales de los ciudadanos.
En este sentido, la premura con la que se plantea la reforma no solo limita su eficacia, sino que también sugiere una intención política más que una solución estructural. Todo indica que la iniciativa podría funcionar como un instrumento de presión hacia la oposición: rechazarla implicaría exponerse a acusaciones de tolerancia con el crimen organizado, mientras que aprobarla significaría aceptar un mecanismo con serias deficiencias.
Lejos de resolver el problema de la narcopolítica, la propuesta corre el riesgo de perpetuar los márgenes de discrecionalidad con los que operan las dirigencias partidistas. En consecuencia, se trata de una reforma que, aunque relevante en su intención, resulta claramente insuficiente frente a la complejidad y profundidad del fenómeno de la infiltración del crimen organizado en la política mexicana.
Iván Arrazola es analista político e integrante de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC
