Hay un elemento que comienza a perfilarse con claridad en el debate sobre la seguridad en México: no existe una fórmula infalible. En ese contexto, varias ideas preconcebidas han perdido fuerza, entre ellas la noción de que colocar a militares al frente de las instituciones de seguridad garantiza, por sí mismo, su integridad y eficacia.
Esa fue, en buena medida, la apuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien decidió desaparecer la Policía Federal y crear la Guardia Nacional. En los hechos, lo que se buscó fue trasladar la seguridad pública de la esfera civil a la esfera militar, bajo el argumento de que la disciplina castrense podría reducir los márgenes de corrupción. Así, las funciones de seguridad pública federal fueron asumidas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la expectativa de que su estructura jerárquica y sus mecanismos internos de control fortalecieran el desempeño institucional.
Sin embargo, la medida no estuvo exenta de controversia. Durante la administración de López Obrador, se impulsó la ampliación del papel de la Guardia Nacional más allá de su mandato, lo que generó tensiones con grupos opositores a la medida. La Suprema Corte determinó que la adscripción de la Guardia Nacional al ámbito militar resultaba inconstitucional, al establecer que debía mantenerse bajo un mando civil. No obstante, tras el reacomodo político derivado de las elecciones de 2025, esta discusión perdió fuerza en la práctica, y la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no solo se mantuvo, sino que adquirió un carácter permanente y bajo el control absoluto del Ejercito.
Ahora bien, en la concepción original del proyecto, se aspiraba a construir un modelo similar al de países como Francia, España o Chile, donde existen cuerpos con formación militar, pero funciones policiales claramente delimitadas. Sin embargo, dichos modelos son el resultado de procesos largos de institucionalización, acompañados de mecanismos sólidos de supervisión, control y rendición de cuentas. Por ello, como han advertido diversos especialistas, cuando estos contrapesos no se desarrollan de manera paralela, el riesgo de abusos, opacidad y corrupción no desaparece, sino que puede reproducirse bajo nuevas formas.
Este enfoque, además, se trasladó al ámbito estatal. En varias entidades, particularmente aquellas gobernadas por Morena, se promovió —de manera explícita o implícita— la designación de perfiles militares al frente de las secretarías de seguridad. De hecho, para 2024, al menos 15 secretarios de seguridad en estados gobernados por ese partido provenían de las fuerzas armadas, lo que evidencia una tendencia clara hacia la militarización de la seguridad pública a nivel local. Si bien no en todos los casos esta lógica se implementó de manera uniforme, el patrón resulta significativo.
No obstante, los resultados han sido dispares y, en algunos casos, abiertamente preocupantes. El caso de Sinaloa es particularmente ilustrativo. El exsecretario de seguridad estatal, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, fue señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado en el contexto del caso Ruben Rocha. Su decisión de entregarse a la justicia de ese país, aun cuando se declaró no culpable, abre la posibilidad de que exista algún tipo de cooperación con las investigaciones en curso.
Este episodio no solo marca un precedente —al tratarse de uno de los primeros casos en los que un exalto mando militar enfrenta cargos de esta naturaleza en el extranjero—, sino que también plantea preguntas de fondo: ¿qué información conocía?, ¿a quién la reportó?, ¿hubo omisiones en los niveles estatal o federal? En consecuencia, la discusión ya no se limita a la idoneidad del perfil militar, sino a la eficacia real de los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro de estas estructuras.
A partir de lo anterior, pueden plantearse al menos dos conclusiones. En primer lugar, la militarización de la seguridad pública no garantiza, por sí misma, ni la eficacia institucional ni la ausencia de corrupción. En segundo lugar, el Estado de derecho en México continúa mostrando debilidades estructurales, particularmente cuando se trata de investigar y sancionar a funcionarios de alto nivel, donde los procesos tienden a adquirir un cariz más político que estrictamente jurídico.
Las consecuencias de estas decisiones recaen en la ciudadanía. La incertidumbre sobre quién controla realmente las instituciones de seguridad, y bajo qué condiciones, erosiona la confianza pública y debilita la legitimidad del Estado. Por ello, más allá de la discusión sobre perfiles —civiles o militares—, el verdadero desafío radica en construir sistemas efectivos de control, transparencia y rendición de cuentas que garanticen que la seguridad pública se ejerza con apego a la ley y en beneficio de la sociedad.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC
