En el actual escenario político mexicano, la reconfiguración institucional y las mayorías legislativas juegan a favor del oficialismo, facilitando la toma de decisiones en temas estratégicos. La reforma electoral que se perfila encarna dos pulsiones clave del proyecto de la Cuarta Transformación: por un lado, una lógica de revancha política contra organismos autónomos y actores considerados adversarios del régimen; por otro, una narrativa de austeridad republicana que busca reducir el gasto público en instituciones como el INE y los partidos políticos.
En este contexto, la reforma electoral anunciada por la presidenta vuelve a estar en el centro del debate público. La reciente polémica en torno al proceso de elección judicial detonó una serie de críticas, tanto a nivel internacional como interno. En particular, la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó que no recomendaría a otros países adoptar un modelo como el mexicano, lo que provocó una reacción inmediata del gobierno federal señalando que el organismo se extralimitó en sus funciones.
Las críticas también han surgido desde el ámbito interno. Un grupo de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) votó en contra de declarar la validez de los resultados de la elección judicial, lo que motivó una fuerte respuesta de la presidenta de la República. La presidenta señaló que el INE se había extralimitado al pronunciarse sobre la validez de los votos, función que corresponde exclusivamente al Tribunal Electoral. “Ahora quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución”.
Según lo declarado por la mandataria, los principales objetivos de la reforma se centrarían en reducir el costo de las elecciones —puso como ejemplo la elección judicial que ascendió a más de ocho mil millones de pesos—, recortar los recursos a los partidos políticos y revisar la figura de los legisladores plurinominales. Además, la presidenta ha cuestionado abiertamente la actitud de ciertos consejeros, a quienes acusa de actuar con un sesgo político en contra del proyecto de la Cuarta Transformación.
No obstante, lo que parece estar ausente en este planteamiento es una reflexión más profunda sobre la necesidad de fortalecer el sistema democrático, más allá de las tensiones políticas coyunturales o de las inconformidades con ciertos funcionarios. Si realmente se busca una democracia menos costosa, la discusión debería centrarse en cómo lograr eficiencia sin sacrificar independencia, profesionalismo ni confiabilidad en los procesos electorales. Cuestionar el papel del INE por razones políticas puede llevar a una erosión institucional cuyas consecuencias son de largo alcance.
La intención de reformar al INE no es nueva. En abril de 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una iniciativa que incluía cambiar el nombre del instituto a “Instituto Nacional de Elecciones y Consultas”, reducir el número de consejeros de once a siete —electos por voto popular—, disminuir el financiamiento a los partidos y eliminar los diputados plurinominales. La reforma no prosperó por no contar con la mayoría calificada necesaria en el Congreso.
Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, se impulsó un plan para reducir los costos del organismo, eliminar estructuras administrativas distritales y recortar a la mitad el financiamiento de los partidos. Esta iniciativa, conocida como el «Plan B», fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2024, tras obtener mayoría legislativa, el oficialismo logró avanzar con el denominado “Plan C”, que implicó la desaparición de órganos autónomos como el INAI o la COFECE, generando incertidumbre sobre el futuro del INE.
Aunque la presidenta ha afirmado que no pretende quitarle la autonomía al instituto, el contexto político sugiere lo contrario. Con una mayoría legislativa sólida, el gobierno federal podría impulsar reformas que, si bien reducirían los costos administrativos y permitirían la elección directa de los consejeros, también podrían debilitar el carácter técnico e imparcial del órgano electoral.
Una reforma de este tipo no sería necesariamente respaldada de manera unánime por los partidos aliados al oficialismo. La eliminación de los legisladores plurinominales, por ejemplo, pondría en riesgo la representación de partidos pequeños como el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Estos partidos, que han sido claves para construir mayorías legislativas, podrían perder influencia si Morena obtiene una sobrerrepresentación que haga innecesarias las alianzas.
La reforma electoral, en caso de concretarse bajo los términos que ha planteado el oficialismo, no parece orientarse hacia una mejora técnica o democrática del sistema electoral, sino que responde a una doble motivación: la revancha política contra las instituciones que han sido críticas o independientes frente al poder, y la imposición de una austeridad republicana que, lejos de fortalecer la eficiencia institucional, podría debilitar gravemente su capacidad operativa y su autonomía.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A.C @ivarrcor @integridad_AC
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